Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, regresó también un intangible que no se puede valuar: la decencia. Parte del modus operandi de Donald Trump fue pisotear la honorabilidad personal de los funcionarios, hasta convertir a los altos mandos del gobierno en una red más parecida a una mafia siciliana, que a una administración democrática.
La primera y más visible víctima del trumpismo fue el Departamento de Justicia. El DOJ (por sus siglas en inglés) requiere de total independencia para cumplir sus funciones constitucionales. Puesto que en su mandato está investigar y, en su caso, procesar los delitos de corrupción administrativa y malos manejos de funcionarios, el fiscal de la nación, quien está al frente del DOJ, es el único funcionario de toda la secretaría, que incluye, por cierto, al FBI, que tiene contacto con el Poder Ejecutivo, y eso ocurre lo menos posible. Esta serie de normas existen para preservar la independencia del aparato de procuración de justicia, e impedir la politización del proceso judicial. Esto, por supuesto, era anatema para Trump y todos los populistas. Esos gobiernos requieren el control del sistema para las persecuciones políticas de sus rivales, que les permiten mantener el poder. El impresentable William Barr, último procurador de Trump, es el más claro ejemplo de un funcionario al servicio del poder, y no del ciudadano. Aquí, hay muchos. Allá, ya no.
En los próximos días, el Senado de Estados Unidos confirmará al juez Merrick Garland como fiscal general. Será, como él mismo dijo, el abogado del país, y no del presidente. Agregó que esto quedó absolutamente claro en la plática que sostuvo con el presidente Biden, y que no hubiera aceptado la nominación de otra manera.
Doy como un hecho la confirmación de Garland, porque a pesar de la humillación a la que fue sometido por Mitch McConnell y los trumpianos, el intachable prestigio del juez Garland hace impensable que cobre venganza por afrentas pasadas.
En la primavera de 2016, y de manera inesperada, murió Antonin Scalia, uno de los nueve jueces de la Suprema Corte en ese momento. Se produjo entonces la vacante en la Corte, que, constitucionalmente, el presidente en funciones, entonces Barack Obama, tenía la obligación de llenar. Pero aún antes de que Obama diera a conocer su nominación, Mitch McConnell, líder del Senado y de la mayoría republicana de la Cámara alta, anunció que no habría nuevo juez, sino hasta después de la elección de noviembre. McConnell tenía la capacidad política para hacerlo, puesto que contaba con la mayoría en el Senado, y por ello, podía detener el proceso.
McConnell no sólo paró la nominación de Garland, sino que lo hizo de manera humillante para el juez, no concediéndole siquiera audiencia en el Comité Judicial del Senado. Claro que, por esas fechas, hasta McConnell estaba seguro del triunfo de Hillary Clinton, y parecía que lo de Garland sería un berrinche sin consecuencias, pero se atravesó la sorpresa: contra todos los pronósticos, ganó Trump.
Trump pudo, entonces, llenar la vacante de Scalia con Neil Gorsuch, juez decididamente conservador, a diferencia de la moderación de Garland. Además, Trump, con la complicidad de McConnell, pudo llenar otras dos vacantes en la Suprema Corte durante su mandato, dándole a ésta un giro decididamente conservador, aunque no lo suficiente para cumplir con sus caprichos. La Suprema Corte, finalmente, se apegó a la Constitución, y falló en contra de Trump en los litigios absurdos para revertir el resultado de la elección, y apenas el lunes asestó otro golpazo a Trump, al determinar que no puede mantener en secreto ni sus finanzas, ni su declaración fiscal.
Garland, por su parte, en las audiencias de confirmación, habló de sus prioridades, empezando por procesar a los responsables de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Y no sólo de los crímenes materiales, sino también de los intelectuales, léase, los instigadores. Así que Ted Cruz, Rudi Giuliani y el propio Trump, en alerta roja.