El dilema de Nancy
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El dilema de Nancy

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El dilema de Nancy

20/06/2019
Actualización 20/06/2019 - 14:29

Un breve recordatorio del proceso por el cual Estados Unidos puede remover constitucionalmente a su presidente. El mecanismo se llama impeachmente, que se puede traducir como 'destitución'.

Se inicia con una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que se investigan las acusaciones en contra del presidente. Si el Comité encuentra motivos suficientes, procede a redactar los 'artículos de destitución', en los que se detallan los cargos contra el presidente. Es importante señalar que la Constitución no requiere comprobar delitos, sino conductas no apegadas al juramento que el presidente pronuncia al tomar posesión. El abuso del poder no es necesariamente delito, pero sí motivo de destitución.

Cuando el Comité aprueba los llamados 'artículos de destitución', el documento pasa al Pleno para su aprobación, con mayoría simple. Si la votación aprueba continuar el proceso, el caso pasa al Senado, que se erige en tribunal. El presidente de la Suprema Corte de Justicia preside el juicio, se presentan los cargos, la evidencia a favor y en contra, y pasa al Pleno del Senado, donde se requiere una mayoría de dos terceras partes de los miembros para destituir al presidente, en caso de ser encontrado culpable.

Todo lo anterior suena muy claro a nivel constitucional, pero llevado a la realidad, las cosas cambian, y viene de ahí la enorme zozobra que esto está causando en el Partido Demócrata, y que los tiene vacilantes, puesto que en ellos recae la decisión de iniciar el proceso.

Hay dos corrientes de pensamiento entre los demócratas: quienes quieren comenzar de inmediato las audiencias de destitución, argumentan que es un deber constitucional que no se puede postergar. Hasta ayer, 66 demócratas y 1 republicano están a favor de poner en marcha el mecanismo en la Cámara baja, pero la decisión de abrir el proceso es del presidente del Comité Judicial, Jerold Nadler, y no la tomará mientras no reciba luz verde de Nancy Pelosi, la líder de la cámara. Y es ella, precisamente, quien encabeza la otra corriente, la que prefiere que las investigaciones continúen sin el carácter de audiencias de destitución. Pelosi teme las consecuencias políticas de una decisión acelerada.

Cuando en los 90 el presidente Bill Clinton fue llevado a la destitución por los republicanos, no solo perdieron el caso, sino que Clinton acabó el juicio con mayor aprobación de la que tenía cuando comenzó. Pelosi no quiere arriesgarse a algo así, porque las consecuencias electorales serían impredecibles.

Nancy Pelosi es la figura política que mejor ha sabido enfrentar a Trump. Es claro que ella prefiere que siga el ruido de las investigaciones, que Trump continúe bloqueando el acceso a evidencia y testigos en su contra, que intervengan las cortes y que siga el pleito mientras se acercan cada vez más las elecciones de 2020. Pero si la presión sigue creciendo, tanto de los congresistas de su partido, como del público en general, es posible que finalmente se vea obligada a comenzar las audiencias formales de destitución.

Si ello ocurre, los parámetros de la próxima elección cambiarán radicalmente. Todos los temas que los demócratas usaron en 2018 para recuperar el control de la Cámara de Representantes se van por la borda. El acceso a los seguros médicos, el medio ambiente, la inmigración, los derechos de las mujeres y todos los temas que provocaron la avalancha demócrata del pasado proceso, pasarán a ser irrelevantes ante el circo mediático de un juicio de destitución.

Es posible, incluso, que sea lo que busca Trump. Si hay alguien que sabe pelear sucio a nivel riña callejera, es Trump. Y sabe que, finalmente, y aunque el proceso de destitución se lleve de manera impecable, si llega hasta el Senado, ahí morirá, porque nunca tendrían los votos republicanos necesarios para destituirlo.

Me parece que Nancy Pelosi, como casi siempre, tiene razón.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.