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Amlocracia

26/11/2018
Actualización 26/11/2018 - 13:18

El término 'democracia' es una de esas palabras que se ha vuelto de uso múltiple. Tal vez, sea el resultado de su significado etimológico, que a grandes rasgos, quiere decir “gobierno del pueblo”. Desde los griegos, que originaron el concepto, y que aplicaban una democracia selectiva al igual que los romanos, hasta la vieja Alemania del Este, que se hacía llamar “República Democrática de Alemania”, y cuyo régimen totalitario era todo menos demócrata, el vocablo se ha desgastado.

La idea de la democracia se adapta perfectamente a la simulación. En Cuba, en Corea del Norte, en Turquía y otros países, se organizan 'elecciones', que suelen acabar con votaciones de más del 90 por ciento a favor de los candidatos oficiales, pero le llaman 'democracia'. Es tanto el abuso del término, que a veces ya es difícil enmarcarlo en un sistema de gobierno.

La democracia requiere de dos elementos básicos: el voto, libre y secreto, para renovar sus liderazgos; y un Estado de derecho vigente y respetado por todas las fuerzas políticas. Sin esto, no hay democracia.

Hay, desde luego, nuevos retos. El voto libre, por ejemplo. El ciudadano en una democracia siempre ha sido el receptor de los mensajes de los candidatos que buscan puestos de elección popular. Siempre ha habido campañas. Pero las actuales, con base en sofisticados algoritmos y formas de influencia en redes sociales, ya no buscan convencer a los adversarios, sino potenciar a los incondicionales. Esto provoca una atmósfera de enfrentamiento entre grupos políticos rivales, e inhibe el debate inteligente, ponderado y, sobre todo, respetuoso. Pasa en todo el mundo, no solo en México.

En cuanto al Estado de derecho, la crisis es aún más aguda. Ya no todos los actores políticos están dispuestos a someterse a las leyes vigentes, y cuando esa confianza se vulnera, el autoritarismo o la dictadura están a la vuelta de la esquina.

La democracia es, por naturaleza, frágil. Ante estas amenazas, la única defensa es la solidez de las instituciones, y aquí es donde aparecen las grandes diferencias, porque la ecuación en cada país es distinta.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lleva dos años de ataques continuos a diversas instituciones de su país, para hasta ahora, no ha podido dinamitarlas. Logró cooptar, durante el principio de su mandato, al Poder Legislativo, que mansamente entregó un cheque en blanco al presidente. Pero el Poder Judicial, aunque sigue bajo continuo hostigamiento, ha logrado mantener su independencia, y dio tiempo a que los electores se pronunciaran. La decisión popular fue restarle poder a Trump, devolviendo a sus rivales el control de parte del Poder Legislativo.

En México, por desgracia, no tenemos esa solidez institucional. El mandato que los electores otorgaron a Andrés Manuel López Obrador no debiera permitirle pasar por encima de la ley a su antojo. El “pueblo bueno y sabio”, al contrario de lo que predica el evangelio obradorista, sí se equivoca, y con frecuencia. Para eso son los mecanismos constitucionales, para limitar el impacto de esos errores.

De por sí, el Estado de derecho en México siempre ha sido selectivo. México es un país de poder más que de leyes. El presidente electo tiene historia en el tema. Fue ilegalmente candidato a jefe de Gobierno en el 2000, y dobló a las autoridades electorales a reconocerle una residencia en el entonces DF, que no tenía, bajo amenaza de “parar la ciudad”. Y ganó. Tomó ilegalmente instalaciones de Pemex en Tabasco. Fue culpable de desacato al Poder Judicial. Cerró ilegalmente Reforma durante un mes. Se declaró presidente legítimo, y eso se llama usurpación de funciones, y está penado.

Nadie puede ahora decirse sorprendido por las consultas ilegales, el sometimiento del Congreso, los ataques al federalismo, la irresponsabilidad económica y el deterioro que ha causado al país aún sin tomar posesión. Si el Poder Judicial decide asumir su responsabilidad y ejercer contrapesos constitucionales, sabe que AMLO mandará a sus huestes legislativas a modificar la Constitución para que le acomode. Habrá que bautizar nuestro sistema como una Amlocracia.

El peligro, gravísimo para el país es que, de seguir por este camino, los tan vituperados mercados internacionales harán que colapse nuestra economía, y entonces sí, a morirnos todos de hambre. Como Venezuela.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.