¿Qué apellidos recuerdan ustedes? Algunos no pasan de largo por ese viejo edificio blanco de la Colonia Cuauhtémoc: Negroponte, Davidow, Garza, Jacobson, ¿Landau? El nuevo embajador de Estados Unidos en México es Christopher Landau, nacido en España, circunstancialmente.
¿Por qué el destino lo trajo a México? Viene justamente durante el ejercicio de un gobierno que se presume de izquierda, el de Morena. Su licenciatura en Harvard la obtuvo sobre la base de una premiada tesis sobre la relación de Estados Unidos con el gobierno izquierdista de Venezuela… en los años cuarenta. Es su estudio público más conocido sobre un país latinoamericano.
Pero ocurrió un evento importante el año pasado que merece atención: Landau pudo conocer la profundidad de la corrupción en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la etapa reciente más pronunciada de decadencia en la petrolera, medida en inversiones y producción.
Este exitoso abogado salió en 2018 de Kirkland & Ellis, una firma neoyorquina concentrada en la atención de asuntos legales de grandes empresas como AbbVie, esa biofarmacéutica que cerró el trato para comprar Allergan por 63 mil millones de dólares el semestre pasado.
Landau se integró entonces al despacho de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan justamente en los días en que Mike Pompeo —secretario de Estado del país vecino— buscaba urgentemente un embajador para México al punto de anotar el asunto en una lista de pendientes que llevaba en la mano.
Ese bufete presume su "fuerza global en litigios de negocios". Para México lo más relevante no está en esa generalidad, sino en un caso muy particular que ese equipo de juristas trataba precisamente en los días en que Landau apenas ajustaba la altura de su silla en su nueva oficina.
Desde la primavera de 2018, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan defiende la postura de accionistas de una peculiar proveedora de Pemex, Oro Negro, creada en el marco de la discusión de la reforma energética aprobada en 2014, para dar servicios de perforación petrolera.
Entre sus defendidos están varios estadounidenses y el director general, Gonzalo Gil. Alegan que los poseedores de pagarés o bonos firmados por representantes de la compañía hicieron de todo para cobrar supuestamente de manera indebida con activos de ésta, cuando padeció una baja de ingresos.
Esa reducción, sostienen, se debió a la caída en los precios del crudo en 2014 y a que durante la administración peñista los directivos de Oro Negro se negaron a pagar sobornos, lo que derivó en un menor número de contratos firmados con Pemex.
En días en que Landau circulaba por los pasillos de las oficinas de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, sus abogados alegaban daños por mil millones de dólares para sus clientes —en buena medida estadounidenses— y por esta causa presentaron en marzo de 2018 una notificación de intención al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en contra de los Estados Unidos Mexicanos. Ese capítulo refiere la igualdad de tratos entre inversionistas independientemente de nacionalidades.
Son muchos millones de dólares los que reclaman, entre ellos, 100 millones en facturas supuestamente vencidas que no pagó Pemex. Ahora como embajador, ¿acaso referirá el tema Landau? De ser el caso… ¿qué responderán el canciller Ebrard o el presidente López Obrador? El caso puede hacer memorable al diplomático estadounidense.