Parteaguas

¿Cómo está lo de la nueva Ley de la Industria Eléctrica?

Lo que veremos durante el resto del año es la respuesta de las empresas privadas afectadas (por la nueva Ley de la Industria Eléctrica) que no se resignarán.

En términos prácticos, la ley que podría aplicar todavía por un tiempo es la aprobada desde 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador –aunque aprobada y publicada en el Diario Oficial– podría topar con la protección que afectados empiezan a recibir de los jueces.

En un país en el que la mayoría no sabe todavía si sobrevivirá a la pandemia o si tendrá trabajo cuando reabran los negocios, los asuntos de un interruptor parecen lejanos o insignificantes.

Pero no son uno ni lo otro. Conviene comprender, porque está a punto de abrirse una cuenta de tamaño histórico que todos podrían terminar pagando.

¿Qué está pasando? Los mexicanos recuerdan esta semana que hay tres poderes en su gobierno.

El Ejecutivo representado por el presidente, recientemente presentó argumentos e hizo una propuesta de cambio de reglas que envió al Legislativo –conformado por diputados y senadores– que la aceptó y ahora el Poder Judicial revisa si esas reglas son justas conforme a la Constitución y los convenios y tratados que firmaron los mexicanos previamente con otros países.

Esta semana, un juez atendió una solicitud de ayuda, un amparo pedido por quienes representan a dos empresas que se asumen afectadas por la iniciativa de López Obrador: Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico.

Lo que recibieron a cambio fue una "suspensión de efectos". A estas productoras de energía limpia no les afectarán los cambios aprobados por diputados y senadores. Pronto sabrán ustedes de otras compañías que tramitan escudos similares.

Después de semanas o meses, por su relevancia la discusión sobre la legalidad de la propuesta lopezobradorista seguramente llegará al máximo nivel del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿En qué radica la relevancia? En el sector al que atiende la ley en cuestión. Sin electricidad no hay luz, no hay semáforos, no hay cines ni restaurantes, no hay fábricas, no hay trabajo. También, en las toneladas de dinero ya invertidas en plantas de generación que a partir de lo aprobado, podrían perder la lógica del negocio. Son más de 30 mil millones de dólares.

Toneladas de dinero que podrían terminar cobrando a todos, más allá de estar o no de acuerdo con los cambios.

¿Qué motivos tuvo el equipo del presidente López Obrador para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica urgentemente?

Una preocupación grande es Pemex. Al gobierno no le alcanza el dinero de los impuestos para sanar a una petrolera que el año pasado perdió medio billón de pesos. Menos tendrá para salvar también las cuentas de la CFE, si ésta empieza a deteriorarse.

La empresa dirigida por Manuel Bartlett reportó que en 2020 tuvo pérdidas netas por casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números en rojo desde 2015, de acuerdo con la información que detalla la propia compañía y es recopilada por Bloomberg.

Además tiene ya que pagar grandes deudas. En su informe 2020 a inversionistas destacó un perfil de vencimiento de deuda por 50 mil 349 millones de pesos para este 2021.

¿La solución? Por un lado, la financiera… un 'espérame tantito' por la mitad de ese monto que podría obtener vía refinanciamiento. Por otro, cobrar lo más que se pueda.

Para eso puede resultar útil devolver a la empresa eléctrica un monopolio con la nueva ley. Si en la práctica es otra vez la única que cobra la electricidad a los mexicanos, suben las oportunidades de recibir ingresos. No importa cómo sea producida esa electricidad.

Muchas grandes compañías ya habían escapado de su proveeduría por la vía de contratos firmados con terceros, cuya legalidad conforme a la ley aprobada este mes, quedó en duda.

Lo que veremos durante el resto del año es la respuesta de las empresas privadas afectadas que no se resignarán.

En detrimento del erario y de quienes cumplen ante el fisco y esperan a cambio servicios de salud o de seguridad, el gobierno pagará una defensa legal y en el peor de los casos, podría enfrentar un gasto por compensaciones por miles de millones de dólares.

Eso sin contar el daño a la reputación de un país que a veces dice una cosa y luego otra.

El autor es director general de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero

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