Transparencia en el sector minero
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Transparencia en el sector minero

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Transparencia en el sector minero

09/07/2019

Cualquiera se estremece al conocer el recuento de los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006 en la mina número ocho de Pasta de Conchos: murieron 65 trabajadores y sus cuerpos atrapados aún no han sido recuperados. Trece años pasaron hasta que las familias de las víctimas lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitiera su caso. El 25 de junio pasado, con el anuncio formal del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, las familias recuperaron la esperanza de hacer efectivo su derecho a la verdad y la justicia. El caso visibilizó la cruda realidad histórica de la región carbonífera de Coahuila y es el primero de minería en que el Estado mexicano acepta allanarse ante el proceso internacional de derechos humanos. Esto sienta un precedente para exigir la reparación de daños y la garantía de no repetición de casos similares a futuro.

El Plan integral anunciado por el Gobierno federal puede ser reforzado si la transparencia se convierte en la vía para que las empresas y el Estado mexicano demuestren su compromiso con lo anterior, así como con el respeto a la integridad y salud de los ecosistemas y las comunidades locales. Las pérdidas de vida, afortunadamente, son menos frecuentes en el sector, pero sucede lo contrario con los impactos medioambientales y sociales debido al repunte de la actividad minera en los últimos años. Se requiere información pública para conocer sobre los frutos económicos de esa bonanza, así como sobre las acciones que los gobiernos y las empresas mineras llevan a cabo para garantizar los derechos de los trabajadores y controlar los impactos negativos producidos por el sector. Ciudadanos interesados ya han solicitado información sobre las acciones del Gobierno federal actual al respecto. Un ejemplo es el recurso de revisión RRA 5344/19 en que el INAI instruyó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcionar los documentos que den cuenta de las acciones emprendidas por su titular para el caso Pasta de Conchos.

Las necesidades de información sobre el sector minero pueden ser satisfechas a través de la transparencia proactiva, para lo cual es necesario fortalecer el marco legislativo aplicable. Ahora que se discuten propuestas de cambios a la Ley Minera en el Congreso, es conveniente tomar en cuenta señalamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil, como son: 1) al cierre de 2017 hacía falta información detallada sobre los proyectos mineros. 2) Sin un padrón confiable, no es posible fiscalizar el cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas ni rendir cuentas a la población. 3) Falta información clara sobre los recursos que deben conformarse para apoyar el desarrollo de las localidades mineras. 4) Se debería conocer cuántos minerales fueron extraídos por cada concesionario y poder calcular si pagan lo justo, pero estos datos son confidenciales por secreto comercial y fiscal. 5) Falta información en formatos y lenguas accesibles a la población local, sobre todo pueblos originarios, para obtener su participación, consentimiento y conocimiento.

Hay avances, por ejemplo, en 2017 como parte de un compromiso realizado en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, México se integró a la Iniciativa Internacional Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés). El portal de EITI México contiene mapas interactivos, datos sobre concesiones, licencias y pagos en materia de hidrocarburos y minería, además de información del impacto ambiental y social. Para 2020, deberán publicarse los “beneficiarios reales” de las empresas extractivas con el fin de prevenir la corrupción y la evasión de impuestos. Esta información debería ser actualizada regularmente y podría incluir datos como los ya mencionados que hoy son considerados confidenciales si se vence la confidencialidad mediante una prueba de interés público y si se hacen las modificaciones pertinentes tanto en la legislación minera como en la de transparencia.

El Gobierno federal además del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, puede fortalecer la transparencia en el sector para ser consecuente con su compromiso al cumplimiento del derecho internacional. Históricamente, los mineros, las comunidades y los pueblos originarios locales aguardan por información pública y leyes que los protejan.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.