Ningún acto violento ocurre sin dejar huella. La ola de violencia que azota a nuestro país ha dejado huellas, pero pocas han sido analizadas a profundidad debido a la impunidad. El silencio sobre múltiples hechos violentos nos conmociona, pero hoy gracias a las voces de las víctimas y sus familias, de los luchadores sociales y de la población se escucha una exigencia de cambio. El futuro gobierno federal parece querer abrir la puerta a la reconciliación y pacificación nacional. Han iniciado foros participativos para elaborar diagnósticos sobre la violencia en los diferentes rincones del país que deriven en posibles mecanismos de justicia transicional.
No repetiré lo que expertos ya han explicado, por ejemplo, en 'Romper el Silencio' de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, vale precisar que hablan de la necesidad de una sola Comisión de la Verdad1. Quiero destacar que este proceso puede ser un ejercicio cabal de gobierno abierto. El próximo Subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, expresó que: "Los foros no son el proceso de paz, los foros no son la solución ni la respuesta, los foros son el proceso para encontrar la respuesta, los foros son el proceso para llegar juntos a ese plan que se presentará cuando arranque la nueva administración".2 Me parece que refiere a una metodología poco usada en México, una de construcción de soluciones colaborativas: cada persona acude a los foros con información que complementa la de otras y esto facilita el diálogo y la posibilidad de acuerdos. Es preciso que esta metodología llegue a las siguientes etapas del proceso para hacerlo legítimo y efectivo. Por ejemplo, es fundamental utilizarla para discutir, acordar y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.
Un proceso de justicia transicional mediante Comisiones de la Verdad podría tener una visión de Estado abierto, que permita la coordinación entre autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno, las víctimas y sus familiares, especialistas nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la población en general. En esta visión, los poderes ejecutivos proveerán los recursos y las capacidades institucionales para que este proceso arranque; los poderes legislativos emitirán las leyes que faciliten el proceso; los poderes judiciales interpretarán y aplicarán las leyes para garantizar los derechos humanos de las víctimas y sus familias; y los organismos autónomos tutelarán derechos dentro de sus competencias. Lograrlo requerirá que todas las autoridades venzan la cerrazón, las resistencias al diálogo y el temor de ser denunciadas; de lo contrario, las Comisiones de la Verdad no funcionarán.
La cerrazón incluye el bloqueo de la información gubernamental sobre las violaciones graves a los derechos humanos. Hoy sabemos lo difícil que resulta acceder a ella de forma expedita. En este sentido, la visión de Estado abierto en el proceso de reconciliación y pacificación debe incluir, entre sus pilares, el acceso a la información y la transparencia proactiva para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad. A nivel nacional y local, los organismos garantes del acceso a la información pública y la protección de los datos personales conocemos los factores que dificultan la publicación de la información gubernamental necesaria para hacer memoria y reconstruir colectivamente la verdad. También tenemos experiencia para realizar ejercicios de producción de conocimiento público que faciliten la divulgación y el consumo de la información para no olvidar, no repetir y, sobre todo, para defender otros derechos e iniciar procesos de rendición de cuentas. Un ejemplo es el proyecto Memoria y Verdad, un espacio virtual que contiene documentos oficiales, informes de organismos internacionales, de sociedad civil y un acervo fotográfico y auditivo sobre casos como la Guerra Sucia, Tlatelolco, Atenco y Ayotzinapa, y que desde 2015 impulsamos el INAI junto con Artículo 19, Fundar, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Universidad Iberoamericana en 2015. 3
La visión de Estado abierto basada en la información pública y la colaboración puede abonar al éxito de un proceso de justicia transicional en el que memoria y verdad sean el primer paso hacia la persecución judicial de los perpetradores, la reparación integral del daño y las reformas institucionales y socioeconómicas que garanticen la no repetición; en síntesis, para el proceso de reconciliación y pacificación que el próximo gobierno federal busca iniciar. La posible redacción de un nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto en 2019 puede ser la coyuntura y el medio para aprovechar la oportunidad histórica de recuperar la paz e iniciar una reconciliación en México.
1 http://plataformacontralaimpunidad.org/doctos/Romper-el-silencio.pdf
2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/el-perdon-no-es-impunidad-dice-zoe-robledo