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El avión es un lujo, la transparencia no

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El avión es un lujo, la transparencia no

26/02/2019

“No lo tiene ni Obama” es hoy una frase muy conocida por todos los mexicanos, ya que fue una de las principales consignas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. La frase hace referencia al avión presidencial que sería vendido como muestra de austeridad republicana. En el contexto de las campañas electorales, este avión era símbolo del gasto desmedido de la pasada administración. De acuerdo con datos reportados por la prensa, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) firmaron un contrato de arrendamiento que en total costaría 7 mil 500 millones de pesos aproximadamente. El avión se sumaría a la flotilla de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La puesta en venta del avión presidencial ya es un hecho. Esta venta, y cualquier otra de bienes que hayan sido propiedad del gobierno federal, debe darse en las condiciones más lucrativas para el Estado mexicano. Sin embargo, la consultora Ascend Flightglobal Consultancy determinó en un estudio de 2015 que vender este tipo de aviones tarda 12 meses como mínimo y que deberá hacerse un descuento al precio de venta porque el diseño interior del avión requiere ajustes. Mientras se concreta la venta, el avión permanecerá en California, en manos de la Fuerza Aérea Mexicana para su mantenimiento, con cargo al erario público.

Ante la relevancia del tema, el gobierno federal, a través de Banobras, comunicó a la prensa que habrá acompañamiento de un organismo internacional para garantizar transparencia en el proceso y dar certeza a los mexicanos sobre su legalidad y eficacia. Por otra parte, la SHCP habría invitado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos “para dar certeza y garantizar al pueblo mexicano completa transparencia en el proceso”, porque se comprometió a mantener a la ciudadanía informada sobre este proceso de venta, así como sobre el esquema que se utilizará para la misma. Días después, el 14 de febrero pasado, se firmó el acuerdo marco entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina de Proyectos Especiales de la ONU.

El acuerdo con la ONU fortalecerá la transparencia en las ventas y contrataciones del Estado mexicano, pero a la par es necesario garantizar el derecho de acceso a la información de la población en nuestro país. En particular porque dos personas interpusieron los recursos de revisión RRA 9787/18 contra la SHCP y RRA 0167/19 contra la SEDENA para solicitar que se les entregue la copia en versión electrónica del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial y así conocer las condiciones establecidas previo a su venta.

La austeridad y la transparencia son tareas a las que el actual gobierno federal se comprometió desde el primer momento. Una implica necesariamente a la otra. Austeridad sin evidencia de ahorro no es más que una aspiración o el deseo de concretar una buena intención. La información pública permitirá poner una cifra clara y concreta de cuánto se ahorra al implementar medidas de austeridad como la venta del avión presidencial y utilizar vuelos comerciales. Para que el gobierno demuestre los resultados que los ciudadanos demandaron en las urnas, es necesario que existan cifras concretas y que la población conozca los ahorros del cambio en la forma de traslado al presidente y su gabinete. El nuevo gobierno sostiene que busca hacer de la austeridad un principio de su quehacer cotidiano, de modo que los ahorros se destinen a los proyectos prioritarios para el desarrollo de México; por esta razón, es fundamental conocer cuánto se ahorra por dejar de utilizar el avión presidencial y cuánto se transfiere a los programas que permitirán construir un país con menos desigualdad. La transparencia permitirá a las autoridades demostrar que la austeridad ha dejado de ser una quimera para convertirse en una realidad cotidiana en el ejercicio de los recursos públicos.

El titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, declaró que “la regla de oro de la democracia es la transparencia” y hoy la población quiere constatar esta regla en la práctica. Para ello ejerce su derecho de acceso a la información y cuando las autoridades la niegan, acuden al INAI. En este sentido, en lo que se refiere al convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial, tras la instrucción del INAI, la SEDENA puso a disposición una versión pública del mismo. Hoy toda la población puede conocerlo y los medios ya hablan de él. De esta manera, el INAI reafirma su posición como puente entre la población y las autoridades para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información en México.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.