El lunes comenzó, al menos como idea consumada, la construcción del Aeropuerto Internacional 'General Felipe Ángeles'. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio a los estudios de impacto ambiental y a la creación del proyecto ejecutivo –al menos es lo que creo, porque no se puede colocar ninguna piedra sin alguno de estos documentos. Tampoco por ley se puede iniciar la construcción si no se realiza una consulta a los pueblos originarios, consulta que no se ha llevado a cabo; sin embargo, el Ejecutivo tiene otros datos: "Se llevó a cabo una consulta de los pueblos de los alrededores de Santa Lucía. ¿Qué creen? La gente aprobó el proyecto. Es una muy buena noticia". De acuerdo con una nota firmada por la periodista Neldy San Martín, en el semanario Proceso, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que "sólo se ha consultado al pueblo de Xaltocan y se analiza con el INPI si consultarán a las otras comunidades que también se autoadscriben como originarias". Así que otra vez le informan mal al presidente. Un solo pueblo ha dicho que sí, no han sido consultadas aún decenas de comunidades y varios pueblos originarios que rodean el Aeropuerto de Santa Lucía. Su frase "se llevó a cabo una consulta de los pueblos" debe cambiar a "se llevó a cabo una consulta a un pueblo".
Arturo Hernández, integrante de 'Vecinos en defensa del cerro de Chiconautla' y afectado por la construcción del nuevo aeropuerto, alza la voz y señala en El Financiero Televisión: "Queremos únicamente que se nos consulte conforme al derecho nacional e internacional (…). Por ejemplo, revisando el proyecto de manera apresurada, ahí se dice que el actual aeropuerto ocupa 2 mil 331 hectáreas y se requieren más de mil hectáreas para completar el proyecto, en donde pueblos como San Lucas Xolox, que es inmediatamente vecino del proyecto, desaparecería casi en su totalidad; San Miguel Xaltocan, que es otro pueblo, correría igual suerte y lo mismo una colonia que está al pie de la base aérea; sin embargo, estos vecinos nunca han sido consultados. Ahora, en cuanto a agua, se dice que inicialmente requerirán 700 mil litros de agua durante la etapa de construcción, y una vez que entre a operar, van a requerir 6 millones de litros de agua. El acuífero Cuautitlán-Pachuca es uno de los más explotados de la cuenca de México, de cada 500 litros de agua que se le extraen, únicamente regresa uno al subsuelo. ¿Qué dice la Sedena? Que va a construir una planta tratadora de aguas residuales, que construirán una red captadora (…) sin embargo, la Sedena ni siquiera publica qué volumen de agua se precipita sobre la zona.
Hay estudios de la UNAM que hablan que ante el cambio climático se están formando fenómenos convectivos, esto quiere decir que se forman islas de calor y que solamente llueve en determinadas zonas y de manera torrencial, que no permite la absorción de agua (…) entonces, el agua sólo escurre, entonces la Sedena carece de un estudio serio, ante esa desinformación, ¿ustedes qué harían?"
Dos ejemplos claros de los vacíos de información y de los asuntos pendientes de un gobierno que le urge colocar una primera piedra que no lleve a ninguna parte. Es apenas la voz de uno de los afectados, él es la muestra de la falta de una consulta, pero, sobre todo, la falta de un proyecto formal.
La promesa sigue en pie, estará listo en 2021 y no habrá sobreprecio. Les concedemos la duda, aunque la realidad muestre que el fracaso es inminente, al menos en esta primera etapa.