Última oportunidad llamada Tlatlaya
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Última oportunidad llamada Tlatlaya

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Última oportunidad llamada Tlatlaya

14/08/2018

México por fin está hablando de paz. Durante 12 años hablamos el discurso de la guerra y hoy están a debate las palabras ‘olvido’ y ‘perdón’; la aproximación ha sido polémica, los caminos no pintan para ser sencillos, algunas víctimas han levantado la voz y se han sentido ofendidas siquiera con poner en el lenguaje de la pacificación una palabra que sugiera la indulgencia; sin embargo, dicho está y los caminos apuntan para tiempos que deben construir verdad.

Pero hay otros conceptos que han salido a flote en el discurso mediático y gubernamental, aunque en boca de las víctimas ha sido una constante: justicia. Y aunque hay mecanismos de reparación del daño, ninguna falta cometida queda compensada para quien ha sido víctima, que la justicia y la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo van a pagar su deuda con el dolor ocasionado? Una exigencia constante que hoy está teniendo eco.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en estas semanas de transición objetivos palpables para visibilizar la cuarta transformación: la venta del avión del Presidente, la reducción de salarios en la burocracia, no habitar Los Pinos, los propios foros de pacificación, etc.; sin embargo, hace falta un golpe en la mesa sobre la resolución de casos icónicos de violación a derechos humanos en este sexenio, y de ahí vaya que tiene de dónde escoger para poner un ejemplo de que en su gobierno se va a privilegiar la verdad y se dará justicia a las víctimas.

Y aunque ha sido más en boca de la exministra Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encinas que sabemos que los derechos humanos están en la lista de prioridades del gobierno, en México tenemos ejemplos de cómo las palabras –y sobre todo las de los políticos– se las lleva el viento. Hoy hay sobre su mesa una oportunidad de mostrar con hechos que ese eje que hundió al gobierno priista saliente, puede ser una zona de oportunidad para una ‘cuarta transformación’ real.

Se trata del caso Tlatlaya, esta masacre de la noche del 30 de junio de 2014, en la que el Ejército y las autoridades mexiquenses presumieron ‘abatir’ a 22 presuntos criminales, que después se descubrió se trató de ejecuciones extrajudiciales que desnudan el abuso que hay de las instituciones que imparten justicia en contra de personas que, aun habiendo cometido algún delito, debían ser sujetos de un proceso penal y no de un ajusticiamiento.

Aquella noche sólo sobrevivió Clara, quien, a través de su testimonio publicado en 2014 en la revista Esquire, desenmascaró uno de los abusos militares más grandes y emblemáticos del sexenio de Peña Nieto. Esta semana, cuatro años después, amenazas de muerte, interrogatorios y una incesante lucha por justicia por medio, Clara consiguió que un juez federal ordenara a la PGR reabrir el caso. ¿Quién y por qué se dio la orden de ‘abatir’? La investigación debe ser imparcial y expedita, determina la sentencia.

De la reconstrucción de hechos por pruebas y testimonios, abogados como los que llevan el caso en el Centro Pro de Derechos Humanos han logrado comprobar que al menos 15 de las 22 personas que murieron en esa bodega del municipio mexiquense, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Asesinados, porque ese tendría que ser el término sin elegancia que usemos para entender lo que pasó.

Siete militares fueron llevados ante la justicia militar –no civil– por esta masacre. Los últimos 3 fueron liberados en 2016. Nadie está hoy respondiendo por las 15 víctimas. Hasta ahora no se sabe la responsabilidad de la cadena de mando y mucho menos si la orden de abatir es una constante en los operativos militares. Esta nueva oportunidad que abre la resolución del Tribunal Federal, en el contexto de un nuevo gobierno, genera la posibilidad de mostrar una estrategia distinta para la atención no sólo de futuros casos, sino para encontrar verdad y justicia en aquellos que se le desmoronaron en las manos al casi expresidente.

Esta es la única forma de pasar del discurso al hecho y de dejar de presumir una transformación que desde ya pueden hacer realidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.