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Peor en la 4T

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Peor en la 4T

15/09/2020
Actualización 15/09/2020 - 11:31
columnista
Javier Risco
La Nota Dura

A inicios de agosto de 2018, Jesús Ramírez, actual jefe de comunicación social de presidencia fue al programa La Nota Dura, ahí tuve la oportunidad de hablar con él y poner sobre la mesa el trato que le daría el gobierno entrante a la prensa nacional y su plan de acción para acabar con la violencia sistemática en contra de periodistas por todo el país. En aquella entrevista Ramírez abrió la conversación diciendo que antes de cualquier cosa él se definía como periodista, después como documentalista y por último como escritor, aún no se confirmaba su nuevo puesto en el gobierno de López Obrador y pedía no alimentar rumores, aunque su nombre ya sonaba con fuerza en varias columnas del país. Prometió que el gobierno de la 4T daría prioridad para acabar con la violencia contra la prensa, cito sus palabras:“La libertad de expresión en México está amenazada, una es por la violencia del crimen organizado –tenemos una lista muy larga de más de 130 periodistas asesinados en los últimos 10 años–, pero también hay informes de Artículo 19 que señalan que el 60 por ciento de las agresiones a periodistas proviene de funcionarios públicos, proviene de entidades públicas, de las policías, de presidentes municipales, diputados o gobernantes, entonces esta parte del acoso desde el poder es lo que hay que terminar, establecer penas y, sobre todo, salvaguardar los derechos de los periodistas”.

Llegamos a septiembre de 2020, a otro informe de Artículo 19, como los que él mismo citaba, y el panorama es mucho peor. Tres datos contundentes:

• En el primer semestre de 2020 se registraron 406 agresiones contra periodistas. Esto representa un incremento de 45 por ciento en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019. Hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas.

• Con 199 agresiones documentadas, casi una de cada dos agresiones es perpetrada por funcionarios públicos.

• Los estados con más agresiones son la CIudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Y en un párrafo demoledor, Artículo 19 publica en su informe el poder de las palabras del presidente y su irresponsabilidad, los causales de la violencia: “existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados. En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, tanto el presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa”. Así que no sólo no han hecho nada para detener la violencia contra la prensa, sino que también la estigmatización y los adjetivos del Ejecutivo son causa de las agresiones. Otro renglón fallido del gobierno en turno, la tendencia indica que 2020 será el peor año en violencia contra periodistas si sigue con la tendencia de los primeros seis meses. No hay un sólo gesto que haga pensar que desde el gobierno federal se está luchando por detener las agresiones, “salvaguardar los derechos de los periodistas” como decía un Jesús Ramírez hace dos años cuando formaba parte del gobierno de transición. Al periodismo le ha ido peor en la 4T, ahí los datos, ahí los hechos, ahí las agresiones que van y vienen en total impunidad, como la mayoría de los delitos en un país donde la Fiscalía no se da abasto.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.