Otra historia increíble de trampa y corrupción
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Otra historia increíble de trampa y corrupción

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Otra historia increíble de trampa y corrupción

15/02/2018
Actualización 15/02/2018 - 10:09
columnista
Javier Risco
La Nota Dura

En la pirámide de la justicia mexicana, los magistrados y los jueces son quienes tienen la última palabra. Son a ellos a quienes tanto abogados defensores como los ministerios públicos deben convencer mediante pruebas para que alguien sea condenado o absuelto por un delito, o para resolver asuntos de corte familiar o mercantil. ‘Juzgan’ las pruebas y condenan. ¿Y a ellos? ¿Quién vigila que en un país corrupto como en el que vivimos, esas figuras casi intocadas no sean tentadas por la corrupción?

Tal parece que esa vigilancia en un sector tan alejado del escrutinio público urge. Ayer, a través de un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal informó que había detectado que jueces que concursaban por una plaza –y cuando digo concursar me refiero al término usado para explicar que presentan un examen–, hicieron trampa.

Sí, esos hombres y mujeres que cargan la balanza de la justicia en una mano también cometen corrupción y dejan la sensación de desesperanza en un país donde el látigo de ese mal ha penetrado en todas las instituciones.

“El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió la anulación del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, debido a que conoció un informe del director del Instituto de la Judicatura Federal, respecto de la obtención ilegal de algunos de los reactivos aplicados.

“Dado que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación.

“Derivado del mencionado informe, podría haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente, por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”, se lee en el texto enviado por el órgano judicial.

Y sí, entendió bien: algunos que no se sabían lo suficientemente capacitados para presentar la prueba antes de ser electos, optaron por comprarle ‘a alguien’ las respuestas del examen. Tal y como un joven en la escuela opta por copiar en un examen o robarle las respuestas al maestro. Porque no importa el nivel, la corrupción se gesta desde ahí y puede llegar incluso a esferas en las que deberíamos tener a profesionales comprometidos, precisamente, con la verdad, la transparencia y la honestidad.

Y aunque el Consejo de la Judicatura es precisamente el órgano cuya función es vigilar la actuación de jueces y magistrados, también es cierto que entre sus obligaciones está el generar mecanismos para que los jueces que deciden todos los asuntos de justicia del país tengan la capacitación suficiente para que el Poder Judicial lo compongan los mejores.

Y esta no es la única ocasión en que las trampas se han hecho presentes en estas pruebas de selección de jueces de distrito. De acuerdo con el diario Reforma, en 2015 y 2016 las preguntas de estas pruebas tuvieron que cambiarse por dudas respecto a la secrecía que se había mantenido de los exámenes. En 2014, además, se dio a conocer que algunos reactivos que estaban equivocados habían sido tomados como buenos ¿De verdad?

“La Suprema Corte reprobó los exámenes que aplica el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a los aspirantes a jueces de distrito, pues dan por válidas respuestas que son incorrectas”, se lee en a nota titulada ‘Reprueban exámenes para jueces’, publicada en enero de 2014.

Además, se documentó que en 2012 y 2013 estas pruebas también fueron canceladas por diversas irregularidades. Incluso, en 2013, el magistrado Leonel Castillo, entonces director del Instituto de la Judicatura Federal –el encargado de la elaboración e implementación de los concursos de oposición para elegir a los jueces y magistrados federales– tuvo que dejar su cargo.

“Fuentes judiciales consultadas reconocen el fracaso del Poder Judicial en la consolidación de una carrera judicial, meta propuesta en la reforma constitucional de 1994, en la que mediante concurso de oposición sean elegidos los mejores hombres para ocupar los cargos de jueces y magistrados federales (…). Lo anterior ha creado un círculo vicioso. No hay jueces suficientes en funciones, tampoco para ascender y cubrir las plazas de magistrado. En lugar de ello, quienes están actuando son secretarios de juzgado y tribunales, que no necesitaron ni siquiera aprobar exámenes”, reportaba hace cinco años el periódico La Jornada.

Desde la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio se ha subrayado la falta de capacitación y la ineficiencia en las instituciones encargadas de la investigación de los delitos, como las fiscalías y procuradurías. Más de una vez, en este espacio, hemos señalado las consecuencias de esa poca preparación, pero esto nos hace voltear al otro lado de la implementación del sistema de justicia.

¿Se imagina entonces que usted o alguien de su familia que pase por un problema judicial caiga en manos de alguien que hizo trampa para obtener el puesto?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.