El 14 de noviembre de 2018, el periodista Rafael Murúa Manríquez publicó en el blog 'El Organismo' un texto titulado: "#GONZOLADOR: CENSURA EN MULEGÉ". 66 días después, el domingo 19 de enero, fue encontrado su cuerpo en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio Santa Rosalía, en Baja California Sur, con disparos en el tórax. Contaba con el mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, de nada sirvió. A continuación, un fragmento del texto publicado hace dos meses.
En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores, desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía.
Por primera vez opinar sobre un tema de política causó agresiones a mi persona, familia y patrimonio. Cabe señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de Facebook, no en la de Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio.
El 29 de octubre de 2018, pasado a las 16:17 horas, publiqué: "La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre gobierno del estado y municipio: 'son convenios con otro ayuntamiento, no con este', contestó. El presidente sigue en campaña, poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil". Tampoco en esta ocasión profundizaré sobre este tema, ya que por su naturaleza es delicado y me preocupa la seguridad pública.
Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal con puesto de coordinador.
Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente, en repetidas ocasiones, las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.
Cuatro días más pasaron, incluyendo el Día de Muertos. El lunes 5 de mayo (supongo que debe de decir 'noviembre' pero dejo el texto original) una comandante de policía municipal llegó a nuestro estudio de grabación y redacción diciéndome que me estaba buscando para llevarme detenido, al igual que el vehículo que usaba en ese momento, en garantía hasta que pagara los daños de un auto cuyo dueño no lo pidió, mucho menos interpuso una demanda. Además, supuestamente, lo había chocado dos días antes y la comandante no tenía testigos. A todas luces se trataba de una privación de la libertad extrajudicial. No lo permití.
Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes.
Con 10 años de experiencia como periodista ejerciendo en el segundo país más peligroso del mundo para hacerlo y, como director general de una Radio Comunitaria, cuento con medidas y protocolos de seguridad. Lo que llama mi atención es la antelación de las agresiones a mi trabajo. Desde el pasado proceso electoral ya no escribí nada.
Quien quiera que sea que ha usado su poder para dirigir estas agresiones, públicamente le tengo que decir que no entiendo indirectas, no publicamos mentiras o verdades a medias. El conflicto armado no declarado que azota el país aumentó gravemente la violencia en nuestra entidad y localidad, es un tema que no investigamos, preferimos mantener los micrófonos abiertos a la expresión ciudadana, manteniendo al margen de nuestra radio la política partidista, y denunciando el más mínimo abuso de autoridad.
Nuestra conciencia no tiene precio.
Rafael Murúa Manríquez
Licenciado en Periodismo
Director general de Radiokashana FM
Rafael Murúa es el primer periodista asesinado en 2019, ojalá en este nuevo gobierno no lo alcance la impunidad, ojalá haya justicia. Lo pedimos encarecidamente, presidente Andrés Manuel López Obrador, me sumo a la exigencia hecha por la organización Artículo 19 "dé a conocer inmediatamente la estrategia trazada para garantizar una política de Estado que prevenga, proteja, investigue y repare el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas". Por Rafael, porque logremos decir que fue el último.