No hay vuelta atrás
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No hay vuelta atrás

02/04/2019
Actualización 02/04/2019 - 12:06

Mauricio Merino, coordinador nacional de la organización civil Nosotrxs, lo dijo de manera perfecta: “(La condición laboral de las trabajadoras del hogar) es uno de los temas simbólicos más importantes de la discriminación, de la ruptura de clases en México, empezar a cambiar esta relación para hacer entender a todo el mundo que las personas que trabajan en el hogar son, justamente eso, trabajadoras que tienen los mismos derechos que cualquiera. Es un oficio muy digno que merece de la protección social del Estado y de la sociedad, ese solo cambio cultural representa, desde mi punto de vista, una de las mayores mudanzas a las que debemos aspirar en México”, y sí, es justo eso, una mudanza.

¿Cómo vaciar una casa entera llena de prejuicios y racismo? ¿Cómo hacerle entender a la gente que “la trato como si fuera de la familia” y “es más come con nosotros”, no sustituyen sus derechos laborales? ¿Cómo explicarles que no es ningún “esfuerzo” sino un derecho darles Seguridad Social?

El universo de trabajadores es inmenso. De acuerdo con datos del Inegi, más de 2.3 millones de personas en todo el país se dedican al trabajo del hogar; de estas, el 92 por ciento son mujeres. Entre las trabajadoras que participaron en una encuesta del Conapred, un tercio (36 por ciento) comenzó a trabajar siendo menor de edad; de hecho, una de cada cinco (21 por ciento) lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades en las cuales el trabajo es ilegal (Conapred 2015). Todo se complica cuando el 96 por ciento de las trabajadoras del hogar encuestadas en el mismo estudio señaló no contar con un contrato escrito que especificara sus actividades.

Bajo estas condiciones, ayer arrancó el primer programa piloto para la afiliación al IMSS de los trabajadores del hogar, el programa durará 18 meses y, tras su implementación y evaluación, se presentará al Congreso de la Unión como iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social. Y sí es el pago de una deuda, una deuda descrita por el propio Germán Martínez, director general del IMSS, como “discriminación, racismo y humillación”.

El programa incluye la instalación de módulos en plazas públicas del país, pero deberá ser replicada en colaboración tanto de la trabajadora como del empleador. Estamos ante una tarea con una responsabilidad compartida.

Debemos los medios funcionar como altavoz, porque también debe de llegar como una exigencia, cientos de miles de trabajadores del hogar deben conocer sus derechos y exigir que se cumplan, ojalá el gobierno federal comience una agresiva campaña de comunicación para que todo el programa llegue a oídos de esas millones de mujeres que llevan décadas trabajando tan solo de palabra, con una intención de estabilidad que en realidad es una explotación del siglo XXI.

Lo escribió hace algunos meses Marcelina Bautista, una activista de los derechos de las trabajadoras del hogar, en una columna del diario El Universal: “Pasé 22 años de mi vida cuidando niños de otra familia, en algunas ocasiones las familias fueron amables conmigo y en otras no. Lo que nunca cambió fue mi falta de derechos, en ningún lugar se me trató como una trabajadora, ni se me otorgaron los derechos que cualquier otro trabajador por ley debe tener. Sin protección de leyes o instituciones, dependí, como dependen las trabajadoras del hogar de México, de la voluntad de cada familia. Hace 18 años decidí que esto no era normal y comencé una larga lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar. Roma me hizo llorar, por su belleza, por su profundidad, porque vuelve a poner este tema en la mesa, pero también porque me mostró que en casi 40 años en México nada ha cambiado para nosotras”. Esta semana cambió algo, y no hay vuelta atrás.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.