Es innegable el poder de la palabra presidencial todas las mañanas desde Palacio Nacional. Una idea, una intención, inunda la conversación en redes sociales, en distintos noticieros, marca la agenda y obliga a revisar la Constitución, a formar paneles de expertos y aviva las olas de la polarización. Esto fue lo que vivimos hace algunas semanas cuando el Presidente advirtió que el pueblo decidiría sobre si enjuiciar o no a los expresidentes. A inicios de septiembre adelantó que el Instituto Nacional Electoral debía prepararse: "Esto también me sirve para que yo le pida al INE, pues que se vaya preparando, porque sí va haber esta consulta; es muy probable, no sabemos así a ciencia cierta, pero es muy probable". También adelantó que acatará lo que diga el pueblo. Ayer, otra vez retomó la consulta y señaló que espera que en alguna de las cámaras presenten esta iniciativa y, de no hacerlo, él mismo lo haría antes del 15 de septiembre, así da su grito el Ejecutivo y no se mueve.
La convocatoria será nacional y llegará a todos los rincones del país, ha sido la bandera que ha elegido el Presidente para calentar el plato fuerte electoral de 2021; sin embargo, deberá tener cuidado con las palabras elegidas. La pregunta determinará si se trata de un show electoral o de una intención real para encontrar la justicia tan anhelada por un país que tiene tatuada la palabra 'impunidad'.
Ayer, decenas de colectivos de desaparecidos, de justicia transicional, de derechos humanos y varios académicos y activistas publicaron un comunicado titulado "Sí a una consulta popular… con la pregunta correcta". En él hacen una advertencia que no podemos dejar pasar: "someter a la justicia a un mandato popular –además de inconstitucional– puede producir resultados imprevisibles: un 'NO' iría en contra del derecho de las miles de víctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Un 'SÍ' vulneraría el debido proceso, alejando de la justicia a los perpetradores", y agregan la importancia de la participación ciudadana en este tipo de procesos de justicia, verdad y no repetición. Así que en búsqueda de esta construcción de paz sugieren un cuestionamiento que compromete al Estado mexicano y señala la importancia de organizaciones mundiales en este tipo de procesos. Si el Ejecutivo quiere evadir el show, el circo romano a la mexicana y la vulneración del debido proceso, la pregunta correcta sería: ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que, con ayuda de la ONU, se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?
El cuestionamiento encarrila esa búsqueda de justicia y otra vez insiste en esta comisión de la verdad, que el propio Ejecutivo prometió en campaña en 2018 y en la época de transición cuando se reunió con diferentes colectivos de víctimas. Ojalá alguien del equipo se detenga en esta propuesta y la convocatoria nacional realmente decante en una reflexión para juzgar a los responsables –sea cual sea su cargo en sexenios anteriores– de los crímenes perpetrados contra el pueblo mexicano.
El Presidente ya hizo el llamado nacional, el grito puede convertirse en uno de justicia real o en el inicio de otra simulación matraquera. Ojalá aproveche esta oportunidad. #LaPreguntaCorrecta