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El curita

05/02/2020
Actualización 05/02/2020 - 13:45
columnista
Javier Risco
La Nota Dura

Hace un par de semanas llegaron a la portada de todos los diarios las fotografías de decenas de niños cargando varas y rifles. Eran menores entre los seis y 15 años que viven en Guerrero, en varias comunidades cerca del municipio de Chilapa. Las imágenes derrumban cualquier 'avance' de la estrategia de gobierno federal y estatal en materia de seguridad, niños armados por miedo a ser asesinados o secuestrados, es la respuesta trágica de un país que tiene territorios perdidos desde hace al menos una década. En ese momento tratamos de entenderlo, en el programa Así las Cosas, de W Radio, tuve la oportunidad de entrevistar a Bernardino Rincón, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y encargado de entrenar a los menores. La fotografía de abandono y desesperanza que nos pintó, justificaba las terribles consecuencias: “Aquí no hay día normal, aquí cada día los delincuentes amenazan donde están los niños, amenazan atacar a las comunidades y masacrar a toda la población. Es por esa razón que hablamos con los padres, con los niños, porque no tenemos otra opción […] nosotros preparamos a nuestros niños para que se defiendan, el ejercicio es cansado, no es tan fácil, nadie nos paga, lo hacemos por una necesidad, para que nuestros niños al rato se puedan defender y no sean víctimas del grupo delictivo que opera en esta región que son Los Ardillos”.

Detrás de esta necesidad de vida o muerte está la incapacidad de un Estado de dar uno de los derechos fundamentales, la educación. Rincón nos cuenta cómo los menores van una o dos veces a la semana a la escuela porque los maestros se han negado a ir a sus comunidades. Los docentes son amenazados y asesinados también, “y ese es el temor, por eso no vienen a territorio comunitario, y no solamente estamos pidiendo seguridad de los pueblos sino también de los maestros, muchos de ellos han sido desaparecidos, nada más por ir a trabajar en una comunidad, si atraviesan su territorio aparecen muertos”.

En este contexto, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, acudió antier al municipio de Chilapa y a las comunidades de Alcozacán y El Jagüey, con un discurso que apela a las buenas intenciones más que a los hechos, comentó que “ya no quiero que se sigan dando enfrentamientos ni confrontaciones […] mi llamado es a todos y todas por la paz”. A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que se entregaron mochilas y útiles escolares. No es que minimicemos la presencia del gobernador, pero sus intenciones y sus mochilas no detendrán al crimen organizado, no les quitarán las armas a los niños y no les dará la valentía a los maestros para arriesgar su vida. El gobernador va y pone un curita en un paciente que está en terapia intensiva.

No es la primera vez; a inicios de 2016, este mismo gobernador dio el banderazo inicial de lo que llamó Operativo Chilapa. Declaraba a los medios “este operativo es muestra de la batalla que se da todos los días contra la violencia”. No funcionó. Hoy los niños de esa región están armados.

¿Cómo se olvidan comunidades de este país? ¿Cómo grupos del crimen organizado gobiernan más allá de un sexenio? ¿Cómo simulan los gobiernos locales y cómo los abandonan los gobiernos federales –todos los que pasan–? ¿Cómo quitarles las armas a esos niños?

El Presidente, desde Palacio Nacional, ha dicho que lo que hacen en esas comunidades al darle armas a los menores es reclutar sicarios... si tan sólo tuviera un proyecto de nación enfocado a los niños, pero no, sus esfuerzos apuntan a todos, excepto al verdadero futuro de este país.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.