Es terrorífico decirlo, pero hemos dejado de sorprendernos en la cantidad de ceros en las cifras. Cuando tenemos una historia cercana que acumula desvíos de miles de MILLONES de pesos, cuando descubrimos que los gobernadores del sexenio pasado tienen ranchos de 300 millones de pesos y han dejado una deuda que ni siquiera podemos imaginar, que nos digan que 100 millones de pesos fueron directos a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, nos parece un escándalo menor, pero no lo es. Ayer se presentó un video del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señalando que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia de hechos en la que acusa que el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron más de 100 millones de pesos en sobornos de la compañía Odebrecht, para la campaña de 2012.
Las palabras que hay que enmarcar de Lozoya sobre los millones de pesos son: "fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República, y el que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray), son las personas que este individuo (Lozoya) señala fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron la campaña".
No sólo eso, también habla de sobornos para la aprobación de reformas estructurales, compra de votos a diputados y senadores, por 120 millones de pesos.
Sin embargo, detengámonos un poco en las acusaciones, en lo que significan 220 millones de pesos para un trabajador promedio que gana 8 mil pesos al mes, lo que significa para una escuela que carece de baños e instalaciones adecuadas, lo que son en estos momentos de crisis sanitaria y hospitales a tope. Cuando pensemos en los desvíos que fueron, tenemos que pensar en las carencias que cuestan vidas. También es indispensable pensar en la figura de Lozoya, y en su posición hoy, un colaborador de la red de corrupción que debe contarnos la historia completa y que el gobierno actual tiene la obligación de explicarnos por qué hoy se encuentra fuera de la cárcel como colaborador.
Sin embargo, el tema central, más allá de lo simbólico que es ver con una orden de aprehensión a actores políticos relevantes del sexenio pasado, es la recuperación de activos, esto realmente marcará un nuevo rumbo. Hasta el momento no se ha logrado un proceso de justicia ejemplar que incluya la restauración de lo robado de manera efectiva. Nos pasamos sumando robos y desvíos; sin embargo, si el Presidente realmente quiere marcar un antes y un después en la lucha anticorrupción, deberá, de manera ejemplar, restituir lo desviado. Lo que parecía una institución ridícula tiene la oportunidad de brillar, si el caso Emilio Lozoya se conecta con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el gobierno de López Obrador habrá dado un paso fundamental para el fortalecimiento de la lucha anticorrupción. Si la detención de Lozoya sirve sólo como instrumento político-electoral, estaremos frente a la simulación a la cual estamos acostumbrados desde hace décadas. El Presidente usó la bandera anticorrupción como principal variable electoral en 2018, la diferencia con 2021 será la oportunidad de ejercer el poder. Las promesas se diluyen, las acciones lo desnudarán frente a un electorado que lo calificará con la misma vara que él puso.