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Cáncer en el Seguro Popular

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Cáncer en el Seguro Popular

17/10/2018
columnista
Javier Risco
La Nota Dura

En este país ha habido irregularidades en los recursos que han ido a universidades, a los damnificados después de un sismo devastador, a programas sociales hechos para erradicar la pobreza, incluso al deporte; nuestra clase política ha creado un sistema donde la triangulación es descarada y obscena.

Hoy toca al Seguro Popular, un programa de gobierno surgido en 2004 para toda la población que no tiene seguro social –ni IMSS ni ISSSTE–, una iniciativa que Vicente Fox presumió como emblema del cambio que representaba su administración y que ha buscado llegar hasta el piso de la pirámide, tocando a los más necesitados. Tampoco ese se salva. Ahí, en el dinero destinado a esa población vulnerable se han detectado irregularidades financieras en cinco estados por más de 3 mil millones de pesos.

Ayer las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, AC presentaron la investigación “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos estatales”, a cargo del maestro Julio Copo, la cual demostró que vivimos en un país donde también se lucra con un derecho fundamental como la salud. ¿O hay algo más ruin que desviar recursos destinados a salvar la vida de un enfermo? ¿O comprar medicinas a sobreprecio provocando un desabasto a corto y mediano plazo? ¿O simplemente hacer negocios en el sector salud sin licitaciones y pagos sin documentación comprobatoria? Respondo rápidamente: no, no hay nada más ruin.

Desde hace años, organizaciones como estas han tenido que hacer el trabajo de quienes deberían estar fiscalizando el destino de recursos públicos evidenciando desfalcos y excesos. Pero en este país del ‘no pasa nada’, y los escándalos ya no desincentivan conductas delictivas, estas organizaciones han tenido que dar un nuevo paso hacia el frente y pasar de investigar y exhibir al litigio estratégico.

El trabajo de Impunidad Cero y Justicia Justa, AC no se ha quedado sólo en la exhibición de estos millonarios desvíos. Ayer Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles, presidentes de ambas organizaciones, interpusieron catorce denuncias penales contra quienes resulten responsables por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos durante los años 2012 a 2016 en el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en siete entidades federativas –Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

¿Qué encontraron estas organizaciones que les permitió tener elementos que los lleven ahora a enfrentar un proceso judicial? Los hallazgos permitieron tener un panorama no sólo de la inversión que hace el Estado mexicano en el tema de salud pública, sino cuánto realmente termina en el paciente y no se va entre nómina y gastos de infraestructura. Además, le dio oportunidad de revisar la poca transparencia con la que operan programas de tal importancia a nivel nacional, de cómo es imposible darle seguimiento a los procedimientos en que se violan las normas y las sanciones que son impuestas por los abusos en el Seguro Popular.

Basados en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, se encontró un subejercicio en los fondos del programa en su presupuesto anual, transferencias a otros fondos y cuentas, que luce cuando menos irregulares, que la Secretaría de Finanzas termina sin transferir los recursos programados para ciertas entidades, que se hacen pagos a ‘proveedores’ sin la documentación que le permita a la ASF fiscalizar ese gasto, a veces millonario, pago a aviadores, y hasta pago de impuestos estatales con dinero que estaba destinado para el programa. Es decir, todo menos la salud.

Así, encontraron por ejemplo irregularidades en Baja California por más de 155 millones de pesos, 949 millones en Chiapas, 821 millones de pesos que no se justifican en el Estado de México, en Michoacán hay irregularidades por 928 millones y en Oaxaca por 175 millones. Todos esos estados con población vulnerable, con escasos recursos económicos en los que el derechos constitucional a la salud que debiera protegérseles, es violado sistemáticamente.

¿Qué país podemos aspirar a ser cuando es el propio Estado quien constantemente vulnera uno de los derechos primarios de sus habitantes, los más expuestos?

El comunicado publicado ayer por ambas organizaciones señala que “las denuncias buscan que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos de corrupción cometidos por el mal uso de recursos públicos. Se trata de recursos que la Federación entregó a los estados para el programa de Seguro Popular y a través del FASSA, y que estaban etiquetados para prestar servicios de salud a la población –en especial a la de bajos recursos económicos”.

Y aunque en otros países el tema de la salud pública implica una vigilancia extrema y cuidado en el cauce y la implementación, en México seguimos viviendo en esa época en la que violar nuestros derechos fundamentales es una cosa de todos los días con la que hemos aprendido a sobrevivir. No cabe duda, hay que extirpar el cáncer en el Seguro Popular.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.