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“Si lo quiere el rey, lo quiere la ley”

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“Si lo quiere el rey, lo quiere la ley”

22/04/2019
Actualización 22/04/2019 - 12:52

El memorándum que lanzó la semana pasada el presidente López Obrador para instruir a los secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación a que, en sus respectivos campos, dejen de aplicar la reforma educativa de Peña Nieto, es una violación a la Constitución y a la ley vigente, así como una invasión a la esfera de competencia del Legislativo, que es el único que puede cambiar disposiciones normativas, o del Judicial, que es quien puede dejarlas sin efecto. Echar mano de un procedimiento ajeno al previsto en la Constitución para suprimir la vigencia de la reforma educativa por decisión exclusiva del Ejecutivo, parece remontarnos a aquel principio que regía al absolutismo francés, de que “lo que quiere el rey, lo quiere la ley”, y que creíamos tan alejado ya de nuestra cultura política.

Ordenar que Hacienda controle la nómina del magisterio; que la SEP anule las evaluaciones, reinstale a los maestros cesados y garantice que los líderes de la CNTE sigan cobrando sin dar clases, y que Gobernación libere a los líderes encarcelados, entre otras acciones, no pueden decretarse por mera voluntad presidencial, pasando por encima de las normas legales existentes. El presidente ha insistido en que nadie al margen de la ley y nada por encima de la ley, pero no parece saber aplicárselo a él mismo.

El memorándum revela ya sea un desprecio por nuestro ordenamiento jurídico, o su desconocimiento total, pero cualquiera que sea la motivación que lo guía, se trata de un acto que revela los resortes discrecionales o francamente arbitrarios que mueven al presidente de la República y que ponen en entredicho el imperio de la ley, desde la propia cúpula del poder. De ahí las fuertes críticas al documento presidencial no sólo de parte de partidos de oposición, sino de juristas reconocidos y del propio titular de la CNDH, que emitió un exhorto al Ejecutivo federal para que rectifique su instrucción y emprenda acciones dentro del marco de la ley, pues “nada vulnera más al Estado de derecho que desde instituciones del poder se promueva u ordene desconocer la ley…”.

La reacción del presidente a las críticas al memorándum vuelven a mostrar que más que argumentos racionales que sustenten sus instrucciones, fundándolas y motivándolas, detrás está la arrogancia del poder frente a quienes disienten de sus posiciones y a quienes se califica de “conservadores e hipócritas”. La insistencia de los calificativos evidencia la aversión a la crítica.

Los líderes de Morena en el Congreso han respaldado el documento presidencial con el argumento de que no ha sido impugnado a través de los mecanismos jurídicos existentes (¿amparo o controversia constitucional?), como ha dicho Ricardo Monreal, o con el de que se trata realmente de un llamado a la CNTE para que llegue a los acuerdos necesarios con los legisladores (Mario Delgado). En todo caso, la actuación del presidente al margen de las normas ahí está.

No habría necesidad de que el presidente atropellara la Constitución y la ley, si no tuviera urgencia en resolver la abrogación de la reforma educativa de 2013, ya sea con una nueva reforma o simplemente volviendo al estadio previo, porque ese fue su compromiso de campaña con la CNTE, cuyas manifestaciones de protesta resultan cada vez más costosas para su gobierno. La mayoría de Morena en el Congreso logró acuerdos con la oposición para modificar la reforma educativa con la mayoría calificada necesaria, pero los dirigentes de la CNTE no están dispuestos a renunciar al control absoluto sobre las plazas de maestros. Ante el bloqueo del acuerdo entre legisladores y esa sección del magisterio, AMLO optó por ignorar la Constitución y la ley, cediendo al chantaje de la CNTE, porque sus protestas ya empiezan a tener consecuencias sobre los reclamos de otros grupos sindicales.

La única salida digna a este despropósito es que el Congreso asuma plenamente su independencia y sus facultades para aprobar una reforma que pueda presumir de un eficaz proceso de negociación, encaminado a que ya no se sigan vulnerando los derechos de niños y niñas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.