¿Privatizar como solución?
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¿Privatizar como solución?

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¿Privatizar como solución?

11/02/2019

Privatizar es un verbo que está reñido con una ideología de izquierda, porque implica desmantelar al Estado. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador ha decidido privatizar las estancias infantiles como mecanismo para enfrentar irregularidades, malos manejos, e incluso desvíos de recursos públicos en dichos centros de atención a menores de mujeres trabajadoras.

Las estancias infantiles forman parte de un programa que en 2007 diseñó la antigua Sedesol para impulsar el desarrollo de guarderías administradas por privados, pero financiadas con recursos públicos. Su objetivo era apoyar a las madres trabajadoras que carecían de acceso a la asistencia infantil que ofrecen las instituciones de seguridad del Estado, asumiendo que es responsabilidad de la autoridad proporcionar ese tipo de atención a los hijos de las y los trabajadores. Dicho de otra manera, era una fórmula que reconocía que es al Estado a quien le corresponde garantizar la asistencia de los menores para disminuir la vulnerabilidad de los hogares económica y socialmente más desfavorecidos.

El primer acto del gobierno orientado a desmantelar este esquema de responsabilidad pública hacia las madres y sus pequeños fue reducir en 50 por ciento el presupuesto para las estancias infantiles en 2019 (cerca de dos mil millones de pesos menos). El siguiente paso fue decretar su desaparición como programa gubernamental con el argumento de que los informes de la ASF sobre su desempeño mostraban múltiples irregularidades que van desde cifras abultadas de niños atendidos, desviación de los recursos públicos para fines privados, o falta de instalaciones adecuadas para garantizar la seguridad de los menores. La pregunta obligada es si las deficiencias de un programa se resuelven privatizándolo, o sometiéndolo a una revisión a fondo.

El gobierno ha insistido en que eliminar el mencionado programa no implica que se dejen de inyectar recursos públicos para la atención infantil, lo que cambia es que ahora se entregarán directamente a las familias (mil 600 pesos al bimestre por niño) para que sean ellas quienes decidan si pagan una guardería, ya sin subsidio, o a algún familiar para que se haga cargo de sus hijos. Se insiste que no desaparecerán las estancias, sólo se quedarán sin recursos públicos –serán privatizadas– y con ello se despedirán a asistentes y auxiliares, en su gran mayoría mujeres, además de que los centros que sobrevivan tendrán que elevar sus colegiaturas para cubrir sus necesidades de operación, lo cual los hará inaccesibles para las familias con menos recursos. Es decir, quedarán expuestos a la lógica del mercado.

La justificación de este mecanismo privatizador es eliminar a los intermediarios, particulares, u organizaciones civiles que administraban las estancias, sin considerar el impacto negativo de tal medida sobre las propias trabajadoras.

Entregar directamente el dinero a los padres será, sin duda, una medida popular, porque se presenta como un esquema para combatir la corrupción en las estancias y porque beneficiará directamente a los bolsillos de los padres, ya que no están obligados a reportar en qué se utilizó el dinero. Está claro que se trata de una medida típicamente clientelar que requerirá elaborar un padrón más de beneficiarios, que es siempre una base de datos electoralmente manipulable.

Privatizar las estancias infantiles es, además, apostar a la perpetuación de los roles femeninos, ya que tradicionalmente son las mujeres –abuelas o no– quienes se encargan del cuidado de las personas. Resulta lamentable que un gobierno que se dice de 'izquierda' prefiera desentenderse del problema, en lugar de reforzar la capacidad del Estado para controlar el ejercicio de los recursos públicos de un programa que atiende a más de 300 mil menores. La respuesta a las múltiples deficiencias del programa debe ser castigarlas, corregirlas y someterlas a mayor transparencia y rendición de cuentas. Es buena noticia que el Senado aprobara un punto de acuerdo para exigir la reasignación del presupuesto de las estancias infantiles.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.