Oportunidad para rectificar
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Oportunidad para rectificar

COMPARTIR

···

Oportunidad para rectificar

29/10/2018

“La publicidad oficial ha sido un mecanismo de autolegitimación del poder político, a la vez que un instrumento para sujetar a los medios de comunicación”, así lo ha dicho Raúl Trejo Delarbre, uno de los más reconocidos especialistas en la materia. En efecto, durante más de 60 años los gastos en publicidad oficial han sido un instrumento del poder para premiar o castigar a los medios de acuerdo con su línea editorial, y ello ha militado en contra de la libertad de expresión y el acceso a la información, que son dos de nuestros derechos fundamentales.

Por ello resulta de particular relevancia la Iniciativa Ciudadana sobre la Ley General de Publicidad Oficial, que fue presentada el jueves pasado por el Colectivo #MediosLibres, que agrupa a organizaciones, periodistas y académicos, liderados por Fundar y Artículo 19, para que la actual Legislatura la someta a deliberación y análisis. El objetivo es contar con una regulación en publicidad oficial que responda a los más altos estándares internacionales desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual implica que se abrogue la Ley General de Comunicación Social aprobada en mayo de este año con la mayoría encabezada por el PRI, y que lo que hizo fue legalizar lo existente; es decir, el manejo discrecional de la publicidad oficial, la falta de criterios claros sobre los montos a destinar, las formas de asignarlos o la evaluación sobre su ejercicio.

Dicha Ley General de Comunicación Social fue resultado de una sentencia de la SCJN, que instruyó al Poder Legislativo a cumplir con el mandato del artículo 134 constitucional de legislar para establecer criterios claros y objetivos sobre publicidad oficial. Sin embargo, lo que aprobó el Congreso, lejos de cumplir con dicho propósito, mantuvo márgenes de discrecionalidad para la promoción oculta de funcionarios, para gastar arbitrariamente en tiempos comerciales o para no contar con un órgano regulador independiente, dejando la tarea en manos de Segob, como siempre.

La Iniciativa Ciudadana está centrada en 12 puntos principales, que abarcan desde la planeación del uso de los recursos en publicidad oficial, la definición de criterios claros de asignación en los tres niveles de gobierno, haciéndolo en función de la idoneidad de los medios, en el entendido de que estaría prohibido y sería sancionable utilizar el recurso para censurar o premiar a los medios. También plantea un tope en el presupuesto del gasto en publicidad, que este año ascenderá a la escandalosa suma de 22 mil 103 millones de pesos, así como fijar límites al sobreejercicio en dicho rubro, pues en 2017 el Congreso aprobó un gasto de cuatro mil 365 millones, pero se ejercieron seis mil 875 millones.

La propuesta obliga a las autoridades a transparentar la planeación, la ejecución y la evaluación de la publicidad oficial; crea un fondo de fomento a la pluralidad y a la capacitación de periodistas, y que sea el INEGI el que desarrolle la metodología de análisis para el estudio de la cobertura y penetración de los medios y el INAI el que controle y vigile la gestión de la publicidad oficial y elabore el padrón de medios y de proveedores para abonar a la claridad.

Esta iniciativa del Colectivo #MediosLibres está formulada a manera de decreto para la Ley General de Publicidad Oficial, y se ofrece generosamente al Congreso como insumo básico para la deliberación, en un afán por impulsar un ejercicio de Parlamento Abierto, en el que los legisladores dicen estar empeñados.

La nueva mayoría en el Congreso tiene una oportunidad de oro para darle forma y contenido a uno de los 50 planteamientos genéricos de López Obrador sobre combate a la corrupción, que señala que habría que disminuir en 50 por ciento los gastos en publicidad oficial. Si la reforma a la publicidad oficial se limita sólo a un tema de austeridad, sin elaborar criterios de asignación y mecanismos para garantizar que no se usen los recursos de manera proselitista, y sin dejar fuera del control del gobierno la regulación de pautas y pagos y no se impulsa la transparencia en autoridades y medios, se antoja imposible desmontar la relación perversa que ha existido entre medios y poder.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.