Aunque México destina 11.58 por ciento del presupuesto gubernamental al rubro de salud, lo cual es una proporción baja comparada con la de otros países latinoamericanos como Colombia, Chile o Costa Rica, las graves deficiencias que existen en los servicios de salud en muchos estados del país y que afectan a la población más pobre, no se explican por una insuficiencia de recursos, sino por la corrupción con la que se administran. Hay malversación de los fondos en salud porque con frecuencia los funcionarios que los tienen encomendados los utilizan para otros fines, sin que se les sancione de manera efectiva para inhibir futuros desvíos y abatir los niveles de impunidad.
Los informes que año con año elabora la ASF, a partir de una muestra por fondo y por ramo presupuestal respecto de dos grandes programas de salud, el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones en Servicios de Salud (FASSA), permiten identificar cómo se usan los recursos que destina la Federación a los estados. Los reportes de la autoridad fiscalizadora muestran que hay una serie de irregularidades financieras y administrativas que impiden que el dinero llegue a los beneficiarios de los programas. El elenco de prácticas indebidas es amplio y abarca desde recursos que ni siquiera llegan al programa, recursos que son transferidos a cuentas diferentes, pagos que carecen de documentación comprobatoria o por conceptos no autorizados como bonos de fin de año para funcionarios, pagos a personal sin contrato o a comisionados al sindicato, así como pagos a empresas fantasma, por servicios no prestados o ISR retenido a trabajadores que no se entrega al SAT, entre otros.
Lo más grave de estas irregularidades es que se repiten año con año, impidiendo sistemáticamente que los más necesitados accedan a un servicio que es un derecho fundamental. Aunque hay ocasiones en que la ASF da vista al MP para que investigue los casos de malversación de fondos, no hay manera de seguirle la pista al proceso para constatar que se sancionó a los responsables, o para saber si se rescataron los recursos desviados para otros fines.
Es cierto que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se le otorgaron facultades adicionales a la autoridad fiscalizadora, para que además de auditar la cuenta pública, investigue y sustancie procedimientos por faltas graves o actos de corrupción y los remita a la autoridad responsable de sancionarlos; sin embargo, el retraso en la implantación del SNA ha hecho que dicha tarea siga pendiente.
Ante la insuficiencia de la estructura institucional, hay ciudadanos que han decidido tomar cartas en el asunto para activar al órgano encargado de procurar justicia en un ámbito tan sensible como es el de la salud. A través de denuncias ciudadanas para sacar a la luz los desfalcos, los fundadores de "Justicia Justa" e "Impunidad Cero", Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles, han interpuesto dos tandas de denuncias penales ante la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Administración de Justicia de la PGR. La primera, respecto de siete estados (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz) y después respecto de 11 entidades federativas (Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco) por el uso indebido de facultades y atribuciones y por peculado en el manejo de los dos fondos de salud. Los montos que amparan las denuncias ascienden a 50 mil millones de pesos y los servidores públicos que podrían resultar responsables son los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud en los estados y la CDMX.
Los denunciantes ciudadanos están decididos a echar mano de su conocimiento y autoridad moral para darle plena visibilidad a los casos de malversación de fondos en salud, así como para seguirle la pista a sus reclamos, en el entendido de que dichos fondos tienen reglas de operación muy claras sobre cómo deben usarse los recursos en beneficio de quienes carecen de cualquier otro tipo de protección en salud. La malversación de fondos es siempre reprobable, pero en un área tan sensible como la salud es particularmente corrosiva.