Una 'transparencia' sesgada e incompleta es peor que la opacidad. Cuando una entidad gubernamental, que es un sujeto obligado de transparencia, ofrece información parcial y sin consistencia, no sólo no cumple con la apertura, sino que parece una burla al derecho fundamental de los ciudadanos de saber y conocer cómo se gastan los recursos públicos.
En días pasados y con objeto de acatar las instrucciones del INAI, la Presidencia de la República entregó una lista de 36 periodistas y sus empresas que habían recibido recursos públicos en publicidad oficial entre 2013 y 2018, por un monto total de mil 81 millones de pesos. Se trata de una relación incompleta y selectiva, que apenas ampara el 1.0 por ciento de lo gastado por Peña Nieto en publicidad oficial sólo en 2017. Además, en la lista no aparecen ni las dos principales televisoras ni los grandes consorcios de medios impresos y radiofónicos. En suma, ni son todos los que están ni están todos los que son, y es difícil pensar que ello fuera producto del error y no de una intención deliberada de exponer a algunos medios y proteger a otros.
La lista incluye a reconocidos periodistas y conductores de noticieros, que van desde López-Dóriga y Federico Arriola, que en este caso aparecen como los más favorecidos por la publicidad oficial, pasando por Oscar Mario Beteta, Beatriz Pagés, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, entre otros. También aparece Enrique Krauze con Clio y Letras Libres, como si además de los recursos entregados a dichas empresas culturales, él hubiera sido beneficiado personalmente. Algo semejante sucede con Animal Político y su director, Daniel Moreno, que aparecen en renglones diferenciados, implicando que de manera individual también recibió dinero de publicidad oficial; y prácticamente todos los señalados han reclamado por la confusión provocada, sobre todo porque lo contratado está ya publicado en Compranet.
El encabezado de la lista señala que esta ampara recursos en publicidad oficial y en servicios de comunicación; sin embargo, no hay detalle alguno que permita diferenciarlos y no puede hablarse de transparencia si no se distinguen con claridad las categorías de gasto.
Buena parte del problema de la publicidad oficial en nuestro país es la falta de regulación, pues aunque hemos avanzado en conocer cuánto se destina a dicha rama de la gestión gubernamental, seguimos sin saber cuáles son los criterios para distribuir los recursos, o qué tipo de espacio o servicio se contrata y por qué están tan concentrados en unos cuantos.
La discrecionalidad en el gasto de publicidad oficial ha sido una práctica arraigada gracias a la complicidad que ha existido entre medios y poder. De acuerdo con el estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, entre 2013 y 2016 el gasto ejercido en publicidad oficial fue entre 50 y 133 por ciento mayor a lo aprobado para dicho rubro por la Cámara de Diputados, y el 49.26 por ciento del total se concentraba en 10 grandes empresas de medios de los mil 163 registrados. La publicidad oficial ha sido una herramienta que el gobierno federal y los estatales han utilizado para condicionar líneas editoriales, para premiar a medios subordinados, o para castigar a los más críticos.
La Política de Comunicación Social del gobierno federal, lanzada en abril pasado, establece que el gasto en publicidad oficial se reducirá en 50 por ciento respecto del último año de Peña Nieto; que habrá equidad en la distribución de los recursos, evitando privilegiar a alguno en detrimento de otros, y que no se utilizarán como mecanismos de coerción. Es un buen planteamiento, como lo es que se diga que se combatirá la corrupción, transparentando el destino de los recursos asignados a la contratación de medios.
En la lista de periodistas y empresas que ofreció el gobierno federal no incluyó a todos los beneficiados por la publicidad oficial y no precisó si se trata de una asignación personal o de un contrato con la empresa que representan. Así, ¿es posible confiar en que efectivamente cambiarán las cosas?