Por supuesto que tal como ha insistido la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, no hay que dejar fuera ninguna línea de investigación en el caso de la trágica muerte de Aideé Mendoza, estudiante del CCH Oriente, de la UNAM. Pero, según declaraciones rápidas de las autoridades ministeriales y filtraciones a la prensa, pudo tratarse tanto de un feminicidio como de un asesinato producto del azar; es decir, ha habido incapacidad para identificar siquiera el tipo de bala y desde dónde se disparó. Difundir opiniones sobre diferentes móviles del homicidio sin tener concluidas las indagatorias, es un acto de irresponsabilidad que revela la ineptitud de nuestros ministerios públicos. Es enorme la distancia entre un feminicidio, que es la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres, y una muerte no premeditada, y el abismo entre una y otra posibilidad sólo se entiende como resultado de opiniones carentes de pruebas y fundamentos. El problema es que la fuente de la confusión es la autoridad investigadora.
Hay una novedad en la manera en que el Ministerio Público capitalino se está dirigiendo a la sociedad, pues ahora su titular parece privilegiar una mayor cercanía y apertura, pero ello mismo dio pie a que primero circulara la explicación de que la bala asesina era calibre 22 y que posiblemente había sido disparada desde dentro del propio salón de clases. Dos días después, la propia procuradora Godoy afirmó que la necropsia había mostrado que se trataba de una bala de 9mm., proveniente de un arma de uso exclusivo del Ejército, la cual había recorrido un trayecto de hasta 300 mts. antes de alojarse en el cuerpo de la joven, por lo que se había disparado desde fuera del plantel.
El problema de las declaraciones contradictorias de la autoridad capitalina es que ni abonan a la certeza ni ayudan a generar confianza en los encargados de la investigación penal. Peor aún, la desconfianza que provoca la confusión alcanza a todas las autoridades, incluidas las universitarias, cuya responsabilidad no está en investigar homicidios, sino sólo en colaborar con la PGJ para esclarecer las circunstancias y en reforzar los mecanismos de protección para los estudiantes dentro de las instalaciones universitarias.
La incertidumbre que provoca plantear móviles tan disímbolos alimenta percepciones que están fuertemente arraigadas en nuestra sociedad, como que las autoridades sólo buscan desorientar y desinformar para diluir el enojo social, mientras que una nueva tragedia aparece en el escenario, desviando la atención de los ciudadanos hacia nuevos casos que indignan y agravian. Este no es el primer caso de homicidio en terrenos universitarios, de hecho hace unos días la procuradora Godoy ofreció una disculpa a familiares de Lesvy Osorio por las violaciones al proceso de investigación sobre su muerte, en 2017, que sigue sin esclarecerse.
Para la UNAM es complicado garantizar condiciones de seguridad dentro de sus instalaciones en un entorno de violencia y criminalidad, en el que es fácil acceder a armas de fuego, como el que rodea particularmente a la mayoría de los planteles del CCH. Cuando en los años setenta se crearon dichos planteles, el propósito de la Universidad fue justamente llevar la educación media superior a las zonas más marginadas de la ciudad. Los esfuerzos recientes por colocar un mayor número de 'botones de pánico', por construir 'senderos seguros' alrededor de los planteles y contar con elementos de seguridad en las entradas, ha sido claramente insuficiente para detener las amenazas a la integridad de los y las alumnas, porque no mejora el contexto social de inseguridad e impunidad en el que vivimos.
Con una perspectiva de mediano y largo alcance, el rector Graue, en sintonía con lo ofrecido por la jefa de Gobierno de la CDMX, ha pedido que el gobierno federal trabaje en un programa de desarme nacional para abatir los niveles de violencia que no perdonan fronteras de instituciones de educación superior. Ojalá le tomen la palabra, ya.