Evidente conflicto de interés
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Evidente conflicto de interés

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Evidente conflicto de interés

21/01/2019
Actualización 21/01/2019 - 14:32

El conflicto de interés es una forma de corrupción, al igual que el tráfico de influencias o el abuso de autoridad. El hecho de que hoy hablemos con más frecuencia de los conflictos de interés no significa que los identifiquemos bien cuando ocurren y, sobre todo, que comprendamos por qué dañan la integridad de la acción pública.

El conflicto de interés se produce cuando un individuo con un cargo o representación pública contraviene su compromiso con la institución y los objetivos que persigue para beneficiar un interés particular. Al subordinar a un interés privado el de naturaleza pública, se captura el interés público, trastocando y comprometiendo la legitimidad misma del Estado. El conflicto de interés es doblemente nocivo cuando no sólo cae en él un funcionario público en lo individual, sino que compete al propio grupo en el poder; es decir, al gobierno en turno. Por ello resulta inquietante que el gobierno de López Obrador ignore el conflicto de interés en el que incurre al otorgar a Banco Azteca la administración de los multimillonarios recursos de programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El primer problema es que tal asignación fue directa, sin que mediara licitación pública ni contrato específico alguno, con el argumento de que, a pesar del volumen enorme de recursos involucrados, es una operación financiera que no está sujeta a la Ley de Adquisiciones. Pero hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, es también uno de los integrantes del Consejo Asesor Empresarial, convocado por López Obrador para apoyar al gobierno en asuntos que involucran al sector privado. Se trata de un empresario al que el gobierno le ha dispensado una especial confianza, y que por ello seguramente tendrá acceso a información privilegiada sobre proyectos o estrategias del gobierno federal en ese sector. El flagrante conflicto de interés cristaliza en este caso, porque una empresa privada con abierto compromiso con el gobierno se beneficiará de la gestión de un programa social que tiene un fin público.

El gobierno ha argumentado que no habrá ganancia para Banco Azteca, porque no cobrará comisión por manejar los 44 mil millones de pesos del Programa y que sólo se encargará del mismo, en tanto Bansefi se reestructura para transformarse en Banco de Bienestar. Ni la temporalidad ni la falta de cobro adicional son argumentos válidos para favorecer a una empresa privada con la que el gobierno tiene una relación directa de asesoría.

Tal parece que se ignora que las “tarjetas de bienestar” que se entregarán a los jóvenes becarios para depositarles su mensualidad de 3 mil 600 pesos traerán el distintivo de Banco Azteca, y ello no es ni trivial ni intrascendente porque servirá para promocionar tanto a la organización financiera de Salinas Pliego, como a sus negocios comerciales asociados, como las tiendas Electra. Banco Azteca tendrá a la mano la base de datos personales de los 2 millones 600 mil jóvenes que se convertirán en potenciales clientes de sus mercancías. La designación de Banco Azteca no fue producto de un concurso en el que compitieran instituciones bancarias para que el gobierno seleccionara a la que ofreciera las mejores condiciones; fue una decisión vertical para favorecer a un aliado empresarial.

Es lamentable que con el afán de beneficiar a un grupo empresarial vinculado al gobierno se pase por encima de las reglas básicas de contratación y de transparencia de uno de los programas sociales estelares. Jóvenes Construyendo el Futuro no es un programa meramente asistencial, sino que apuesta a dotar de competencias y habilidades para el trabajo a un sector muy importante de la sociedad, como son los jóvenes. El cálculo político del gobierno es afianzar su alianza con un grupo que maneja una de las dos grandes empresas de televisión abierta del país, pero ¿era necesario pervertir y ensuciar el programa con una asignación que esconde un evidente conflicto de interés? ¿Qué tanto más podrá seguir explotándose la legitimidad derivada de los 30 millones de votos con decisiones arbitrarias como esta?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.