Enfrentar el 'sistema de procuración de impunidad'
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Enfrentar el 'sistema de procuración de impunidad'

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Enfrentar el 'sistema de procuración de impunidad'

19/08/2019
Actualización 19/08/2019 - 13:41

La noticia de la vinculación a proceso y encarcelamiento de Rosario Robles ha acaparado la atención de la opinión pública. Sin duda, se trata de la acción más notoria en este sexenio en materia de combate a la corrupción; sin embargo, lo que debe ponerse sobre la mesa va mucho más allá de la presunta culpabilidad y eventual castigo de una exfuncionaria federal del más alto nivel.

Primero, hay que insistir que la corrupción no es un acto de una sola persona, sino producto de una compleja red de complicidades de actores públicos y privados que, en el caso de la 'estafa maestra', hicieron posible el desfalco al erario de más de siete mil millones de pesos. De hecho, el modus operandi de la desviación del dinero público fue identificado por la ASF desde la revisión de la Cuenta Pública de 2013. Segundo, dado que el combate a la corrupción tiene el cometido último de hacer justicia y resarcir el daño infringido a la hacienda pública, hay que considerar cómo funciona el sistema de procuración de justicia en México y sus muchos vasos comunicantes: el sistema penal acusatorio y el Poder Judicial en su conjunto, la Fiscalía General de la República y sus pares estatales, la Auditoría Superior de la Federación y las contralorías estatales y, claro, el Sistema Nacional Anticorrupción.

No es la primera vez que el gobierno quiere demostrar que existe voluntad política para cambiar las cosas en materia de corrupción, atrapando a “peces gordos”. Ya desde el primer gobierno de alternancia, el entonces secretario de la Contraloría (Secodam), Francisco Barrio, afirmó: “En breve se van a freír pescaditos de buen tamaño”, al referirse a la denuncia penal que hizo en 2002 por el desvío de recursos de Pemex hacia el sindicato petrolero, que desembocaron en la campaña del PRI en 2000 –caso Pemexgate. Al final, el IFE multó al PRI, pero no hubo castigo para los dos dirigentes del STPRM que aparecieron como responsables de la trama.

La procuración de justicia en México ha sido la historia de la gestión de la impunidad dirigida desde el gobierno en turno. Buena parte de los casos que se investigan, lejos de responder a la lógica del imperio de la ley, parecen servir para afianzar el dominio político del grupo en el poder. La aplicación de la ley en nuestro país ha respondido a las prioridades y necesidades políticas y corporativas del presidente o gobernador en funciones. El debate nacional de las últimas dos décadas sobre procuración de justicia se ha vuelto ineludible a la luz de los fenómenos de violencia asociados al crimen organizado y al narcotráfico, los cuales han escalado a niveles increíbles, al igual que han crecido los desfalcos al erario.

Desafortunadamente en México el objetivo de la procuración de justicia ha sido organizar, administrar, dirigir y distribuir la impunidad, no la aplicación sistemática y por igual de la ley, no la priorización de aquellos delitos que más lesionan el interés público, no la prevención del delito, no la desarticulación de redes criminales asociadas al poder político. Este uso discrecional y faccioso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia daña nuestra capacidad como sociedad de crear instituciones que funcionen y cumplan con su mandato legal.

Para avanzar en la procuración de justicia es necesario fortalecer las capacidades institucionales de los organismos encargados de transparentar, investigar, perseguir, sancionar y prevenir los actos de corrupción, y ello es doblemente necesario respecto de las instituciones que deben velar porque la procuración de justicia se haga con estricto apego a derecho, garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso para evitar la arbitrariedad.

Los juicios contra Rosario Robles, más allá de que efectivamente se prueben y castiguen los delitos imputados, tienen el reto prioritario de demostrar que hay un cambio en la procuración de justicia; que la aplicación de la ley es para todos (dentro y fuera de los círculos del poder); que la Fiscalía y el Poder Judicial funcionan de manera autónoma y que los delitos se persiguen de forma sistemática y no casuística o discrecional. También habrá de reforzarse la vigilancia y la prevención para que la oportunidad de cometer actos de corrupción se reduzca significativamente y que el poder político deje de usarse para simular que se administra la justicia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.