En defensa del INAI
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En defensa del INAI

17/12/2018
Actualización 17/12/2018 - 15:21

La transparencia siempre es incómoda para el poder. El modelo mexicano de transparencia, basado en un órgano garante –hoy constitucional autónomo– con facultades para resolver sobre la apertura informativa de manera definitiva, inatacable y vinculante, ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores.

A lo largo de sus 15 años de vida, el IFAI/INAI ha ido reduciendo la asimetría informativa entre el poder y la sociedad, y hoy la transparencia es un referente obligado del quehacer público y no hay autoridad que se atreva, al menos en el discurso, a defender abiertamente a la opacidad. Pero, ¿podemos pedirle a la transparencia que por sí sola reduzca la corrupción? Es más, ¿podemos aspirar a que haya una relación inversamente proporcional entre transparencia y corrupción para que cuando aumenta la primera, disminuya la segunda?

El presidente López Obrador ha expresado insistentemente opiniones negativas frente a la función que desempeña el INAI, porque sostiene que es una institución que absorbe importantes recursos presupuestales –cerca de mil millones de pesos en 2018–, sin haber cumplido su cometido de reducir la corrupción, pues en los últimos años esta se ha incrementado. Es cierto, los escándalos de corrupción han invadido el espacio público en los últimos lustros, al punto que la corrupción se ha convertido en la mayor preocupación de la población, sólo después de la inseguridad y la violencia. Lo que la transparencia nos ha ofrecido es la posibilidad de conocer y documentar mejor los casos de corrupción, que sabemos ha involucrado montos elevadísimos de recursos públicos. Pero de ahí a afirmar que en la actualidad hay más corrupción que en el pasado y que por lo tanto no ha servido de nada la transparencia, es un despropósito, lo que tenemos es mayor visibilidad del fenómeno. Hace falta, entonces, que las autoridades competentes hagan lo propio para investigarla, sancionarla y corregirla.

La mayor conciencia que hoy tenemos los mexicanos sobre los efectos corrosivos de la corrupción se explica porque el acceso a la información ha elevado los estándares públicos, y porque hay más grupos sociales interesados en comprender el tema y en aumentar la demanda de control sobre la corrupción. Baste recordar cómo gracias al trabajo de investigación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, basado en solicitudes de acceso a la información, pudimos saber del virtual conflicto de interés entre el gobierno y uno de sus grandes contratistas en el asunto de la 'casa blanca', o de la desviación de recursos públicos federales a través de empresas fantasma, con la mediación de universidades públicas, en el caso de la 'estafa maestra', o de las redes complejas de corrupción por parte de exgobernadores. El acceso a la información pública no es sólo un derecho universal de las personas, sino que ya ha probado que tiene una utilidad social, al extender el campo de comprensión de los problemas que nos aquejan, como el de la corrupción.

De acuerdo con el Presupuesto para 2019, el INAI recibirá un recorte de 161.3 millones de pesos respecto de 2018 (un 14.6 por ciento menos). El problema con esta importante reducción a su presupuesto es que el gobierno no sólo envía un mensaje de austeridad para las estructuras y procesos administrativos del Instituto, sino que inevitablemente este se enmarca en las declaraciones de reprobación que ha hecho López Obrador respecto de dicho organismo constitucional autónomo. No podemos ignorar que las opiniones del titular del Ejecutivo tienen una especial resonancia en la opinión pública y, por supuesto, en el propio aparato gubernamental que está integrado por quienes son, en primer lugar, sujetos obligados de transparencia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.