Defender la división de poderes
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Defender la división de poderes

08/04/2019
Actualización 08/04/2019 - 13:59

La austeridad y el combate a la corrupción son las banderas centrales de la 4T y gozan de gran apoyo popular, pero no justifican que se pretenda socavar la división de poderes, minando la independencia y autonomía del Poder Judicial. La propuesta del senador Monreal, de crear una sala adicional en la SCJN para atender casos de corrupción con cinco ministros y de sustituir al Consejo de la Judicatura, tiene esa pretensión, aunque él afirme lo contrario.

A nuestro país le ha costado mucho construir un Poder Judicial con autonomía frente al Ejecutivo y con facultades amplias para revisar la constitucionalidad de las leyes; es decir, para ser un verdadero contrapeso a los otros poderes. Apenas con la reforma de 1994, se colocó la primera piedra para fortalecer las facultades y la independencia de la Suprema Corte, y en estos 25 años hemos sido testigos de cómo nuestro Tribunal Constitucional ha emitido sentencias con interpretaciones novedosas y garantistas a favor del ejercicio de los derechos humanos, ni más ni menos. El Poder Judicial ha ganado autonomía para administrar y controlar sus recursos y para desarrollar por sí mismo y sin intervención de los otros poderes, mecanismos de selección, promoción y sanción de los jueces y magistrados, que es de lo que se encarga el Consejo de la Judicatura.

La iniciativa de Monreal para que la SCJN tenga una sala adicional para atender casos de corrupción resulta congruente con la agenda del gobierno federal y hasta mediáticamente atractiva, porque manda la señal de que se está elevando el nivel de exigencia para atender los delitos en esa materia. Sin embargo, la propuesta no sólo es desproporcionada porque la Corte no atiende casos penales concretos, justamente porque su función es el control de la constitucionalidad, sino que es contraria al afán de austeridad del gobierno por el costo que tendría montar cinco nuevas ponencias. Pero lo más grave es que tiene el propósito de ofrecer al titular del Ejecutivo que rápidamente cuente con siete de los 16 eventuales votos de la SCJN, porque ya tiene los dos de los ministros recientemente nombrados, aunque a través de procesos muy cuestionados, y la aritmética básica no miente. De prosperar esta iniciativa se estaría abonando a la sujeción del Judicial por parte del Ejecutivo, minando el principio esencial de la división de poderes, que es la vigencia de pesos y contrapesos.

Es cierto que nuestro país requiere urgentemente de jueces y magistrados bien capacitados, honestos e independientes para castigar eficazmente los casos de corrupción que nos ahogan; sin embargo, para lograrlo es necesario trabajar sobre toda la cadena del proceso de detección, investigación y sanción de la corrupción.

Sin contralores, sin auditores y sin fiscales que sean técnicamente sólidos e independientes del poder político en los tres órdenes de gobierno, los casos de corrupción que lleguen a manos de los jueces seguirán estando mal desahogados, obstaculizando que se haga justicia.

De otra parte, con el argumento de darle “una sacudida al Poder Judicial para innovarlo en formas y prácticas”, y en respuesta a que recientemente se dieron a conocer irregularidades en el manejo de los recursos del Consejo de la Judicatura, además del estudio que sobre nepotismo en el Poder Judicial elaboró el año pasado Julio Ríos, investigador del CIDE, Monreal planteó sacar el machete para suplantar a dicho órgano por pesado y costoso. En lugar de respaldar lo que el ministro presidente Arturo Zaldívar ofreció, que es investigar los malos manejos detectados en dicho Consejo para castigar a los responsables, e incluso destituirlos, el líder de la bancada de Morena en el Senado quiere ir más allá de reducirle los recursos presupuestarios a dicho órgano, y aunque no está claro aún qué tiene en mente, no puede ocultar su determinación de tener injerencia en el Poder Judicial.

Es urgente corregir las irregularidades que se han venido identificando en el funcionamiento de quien administra el aparato de justicia federal; sin embargo, es inaceptable por regresivo que desde el gobierno de mayoría se pretenda atropellar la división de poderes.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.