Es cierto que los mexicanos tenemos una relación de desconfianza con la legalidad; pensamos, con razón, que la ley no nos cobija a todos por igual, sino que siempre se aplica en beneficio de los poderosos. Estamos lejos de haber desarrollado la costumbre de recurrir a los mecanismos legales para hacer que las autoridades cumplan con sus obligaciones y actúen con apego a las normas que los rigen.
Por ello es relevante el acuerdo que el pasado 23 de abril emitió el Senado para acatar la sentencia sobre el juicio de amparo que promovió el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por la omisión de los senadores de ratificar o rechazar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), nombrados por el presidente de la República el 24 de abril de 2017. Se trata de una acción impulsada desde la sociedad, que utilizó una herramienta legal a su alcance como es el juicio de amparo que hoy permite invocar el interés legítimo de un colectivo.
Los hechos
De acuerdo con la Ley General del SNA, el titular del Ejecutivo federal tenía hasta el 30 de abril de 2017 para enviar al Senado, para su ratificación o rechazo, el nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) –tres de la Sala Superior y 15 de las especializadas en materia de responsabilidades. El artículo 43 de la Ley Orgánica del TFJA señala que al designar a los magistrados, el presidente deberá justificar la idoneidad de las personas seleccionadas, dejando constancia de su trayectoria profesional y académica. Aunque el presidente cumplió en tiempo con enviar la lista, ni fundó ni motivó su decisión a favor de quienes habrán de conocer y eventualmente sancionar las faltas administrativas graves de servidores públicos y de particulares; es decir, tendrán una tarea esencial para corregir la impunidad en la administración pública.
El Senado fue omiso en completar el proceso de ratificación o rechazo de los nombramientos, que estaba fijado a más tardar el 18 de julio de 2017.
Ante el incumplimiento de las autoridades, el CPC promovió un juicio de amparo por la omisión del Senado, el cual fue otorgado, pero recurrido por el Senado ante la autoridad judicial. Finalmente el pasado 9 de abril la sentencia quedó firme, dándole la razón al CPC. La instrucción judicial al Senado es que fije un procedimiento que incorpore mayores consideraciones de valoración respecto del conocimiento especializado de los magistrados y lo haga de inmediato.
Las lecciones de la acción ciudadana
Hay dos aspectos importantes de la resolución judicial. En primer lugar, se reconoce la legitimidad de un grupo ciudadano para ampararse por la omisión de las autoridades. En segundo, se instruye al Senado para que establezca un procedimiento para la ratificación o no de los magistrados, realizando una "motivación forzada que detalle de manera objetiva y razonable que las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando méritos y calidad ética y profesional…". La Mesa Directiva del Senado emitió el acuerdo referido para que de inmediato las comisiones unidas citen a comparecer a los magistrados seleccionados.
Es una muy buena noticia que la instancia ciudadana del SNA lograra activar a las autoridades para que echen a andar el proceso de ratificación o rechazo de los magistrados, mediante un formato abierto al escrutinio público. Por supuesto que el juicio de amparo no habría sido necesario si, en 2017, el presidente de la República hubiera fundado y motivado los nombramientos que envió al Senado, o si los senadores hubieran cumplido con su obligación legal de concluir el proceso con plena transparencia.
Flota en el ambiente un reclamo por la falta de resultados del SNA a dos años de su creación. Difícilmente podemos pedirle al SNA que demuestre todas sus potencialidades para investigar, prevenir y sancionar los casos de corrupción, mientras las autoridades sigan resistiéndose a realizar procesos de nombramiento abiertos a la vigilancia ciudadana.