Cadáver, el de Juárez…
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Cadáver, el de Juárez…

26/03/2018
Actualización 26/03/2018 - 10:31

Hasta ahora, a punto de que arranquen las campañas políticas, seguimos ayunos de propuestas concretas de los candidatos a los grandes problemas nacionales y nuestra agenda electoral se ha centrado en los temas problemáticos. Los asuntos mediáticamente importantes han sido si alguno de los candidatos independientes a la presidencia alcanzará a estar en la boleta a pesar de las trampas encontradas en la recolección de apoyos; si seremos capaces de contrarrestar las noticias falsas que circulan en redes sociales, alimentando la incertidumbre y la desconfianza ciudadanas; si la autoridad fiscalizará bien los gastos de candidatos y partidos y si los sancionará de manera ejemplar, o si el Tribunal Electoral seguirá enmendándole la plana al INE, entre otros. En cambio, creo que no hemos puesto suficiente atención en cómo se ha extendido la violencia hacia el escenario político-electoral, y el tema tampoco parece preocupar mayormente a las autoridades de seguridad pública, o incluso a las electorales.

Entre septiembre de 2017 y el inicio de marzo de este año se han contabilizado 83 agresiones contra políticos, 58 de ellas fueron asesinatos de funcionarios, exalcaldes o precandidatos a cargos de elección en municipios de 20 de las entidades federativas, de acuerdo con los informes que ha realizado Etellekt Consultores, una empresa de análisis de riesgos. Aunque la mayor concentración de estos homicidios ocurre en Guerrero (11), seguido de Veracruz, Puebla, Morelos y Oaxaca, son pocos los estados libres de violencia política y todos los partidos, e incluso representantes de la fórmula de usos y costumbres, han sido víctimas de la misma, al punto que se calcula que desde el inicio del proceso electoral se ha cometido un asesinato cada tres o cuatro días.

La gravedad de la violencia política en México mereció que, el pasado 16 de marzo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hiciera un pronunciamiento en la reunión de Casa de las Américas, en Madrid, señalando su preocupación porque los asesinatos de aspirantes a cargos de elección se han convertido en una constante en nuestro país. Sin embargo, no parece que a nosotros nos alarme, nos indigne o siquiera nos sorprenda, quizá porque el crecimiento de homicidios se ha convertido en un dato estadístico cotidiano y, sobre todo, porque las pérdidas registradas hasta ahora siguen estando lejos de la visibilidad nacional y las caras de los caídos en localidades apartadas no son conocidas, son sólo un número más. Cosa diferente sería si la violencia política alcanzara a figuras de los niveles más altos de la jerarquía política, como un candidato a gobernador o a presidente de la República. Por eso viene a cuento aquella frase bastante cínica del siglo XIX, de que “cadáver, el de Juárez; lo demás es puro fiambre”.

La pregunta pertinente es si no se nos está acercando la violencia, si nuestra sensibilidad colectiva podrá seguir siendo cómodamente selectiva. Algunos podrán afirmar que es mejor no subrayar el hecho porque puede atizar el temor y alejar a la población de las urnas, pero qué ganamos con voltear la cara, con negar que nuestra frágil vida democrática está dañada porque el Estado ha sido incapaz de frenar al crimen organizado. ¿Podremos hablar de democracia electoral si se instalan las más de 150 mil casillas y si hay resultados de los conteos rápidos la misma noche de la jornada electoral, en medio de una violencia que ha alcanzado a nuestra vida política?

Las elecciones son procesos que esencialmente sirven para canalizar conflictos y diferencias políticas, por eso son mecanismos pacificadores de tensiones y hasta de enconos, pero restarle importancia a la violencia política porque se trata de delitos del fuero común ubicados en el ámbito local, no es un buen consejo.

Está claro que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección no están en la lista de preocupaciones de los ministerios públicos y los gobiernos locales, pero bien harían las autoridades electorales en elevar sus niveles de exigencia para que se combata la violencia política. La Secretaría de Gobernación ha ofrecido protección a los candidatos presidenciales, pero hagámonos cargo que desconocer cómo la violencia ha penetrado nuestros procesos de renovación de los cargos de elección, haciendo como que no existe, no servirá para exorcizarla.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.