No hay duda, el mandato de las urnas del pasado 1 de julio fue que hubiera un gobierno de mayoría que contará con un buen margen de maniobra para impulsar las reformas legales y las políticas públicas necesarias para impulsar el cambio y desarrollar el programa de gobierno prometido. Sin embargo, manipular la legalidad, sin cumplir los procedimientos, ni respetar los principios esenciales de las normas, invocando la legitimidad de origen, provoca incertidumbre y atenta contra los principios básicos de la convivencia pacífica y, en el corto plazo, puede erosionar a la autoridad misma.
Es un fraude a la ley echar mano de la mayoría parlamentaria para cambiar la Ley Federal de Entidades Paraestatales y favorecer el nombramiento de una persona en particular como futuro director del Fondo de Cultura Económica. Con ello, se pervierte la regla esencial de que las leyes sean abstractas, generales y obligatorias, es decir, que no estén dirigidas a beneficiar, o a dañar a alguien en específico. Aunque el argumento esgrimido por Morena en la Cámara de Diputados fue extender los derechos humanos para que cualquier mexicano, sin necesidad de haber nacido en el país, pueda dirigir la editorial pública más importante del país, el hecho de que la iniciativa llevara implícito nombre y apellido, es violentar la lógica misma de la legalidad.
Algo semejante sucedió en el Congreso estatal de Tabasco, donde la mayoría de Morena votó para modificar la Ley de Adquisiciones del estado para otorgar mayor margen a la autoridad para asignar contratos de forma directa, extendiendo los supuestos de excepción a las licitaciones públicas. El argumento para eliminar las licitaciones en proyectos estratégicos, como la nueva refinería, era la necesidad de agilizar el desarrollo de la obra en un contexto de crisis financiera como la que atraviesa el estado. Reformar una ley, pasando por encima de reglas básicas de procedimiento y violando, además, el artículo 28 constitucional, es una decisión que atenta contra las bases esenciales de lo único que puede protegernos frente a actos arbitrarios de los poderes públicos, que es un marco de legalidad claro y vigente para todos.
Por fortuna, la Comisión Federal de Competencia solicitó a la PGR, quien está facultada para hacerlo, que interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la ley tabasqueña por ir en contra de la Carta Magna, al bloquear la libre competencia y ampliar el margen de discrecionalidad de la autoridad en un proceso de contratación pública.
El ya próximo presidente constitucional ha dicho, "no más licitaciones de obra pública a marrulleros profesionales", bienvenido. Sin embargo, pretender que la forma de corregir la existencia de licitaciones amañadas o que ocultan un enriquecimiento ilícito, es eliminar el procedimiento y dar rienda suelta a las asignaciones directas y a eventuales abusos de autoridad, es poner a la ley al servicio de quien gobierna, por el solo hecho de tener mayoría.
Otro ejemplo de imposición mayoritaria en contra de disposiciones legales es la reforma a la Ley Orgánica de la APF, para dar pie a los delegados federales que coordinarán e implementarán planes y programas, incluso en seguridad pública, que están a cargo de diversas dependencias en las entidades federativas. Al crear figuras paralelas a las autoridades locales electas, se lastiman los principios esenciales de nuestra Constitución y nuestro pacto federal.
Querer combatir excesos del pasado mediante abusos a la legalidad es caer en el peor de los atropellos, porque nos despoja de la herramienta civilizatoria por excelencia que es la aplicación general de las normas para todos, lo cual nos da certeza respecto de a qué estamos expuestos y obligados. Usar la mayoría para avasallar a la legalidad y abrirle la puerta a la arbitrariedad de un gobierno, por mayoritario que sea, no sólo es antidemocrático, sino que implica un riesgo para la estabilidad política. ¿Qué tanto puede estirarse la liga de la legitimidad de origen, si la marca constante es el atropello a la legalidad?