Nueva Empresa Pública de internet: innovar la participación de Estado
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Nueva Empresa Pública de internet: innovar la participación de Estado

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Nueva Empresa Pública de internet: innovar la participación de Estado

14/05/2019

U n gran acierto, aplaudible y esperanzador, el anuncio del Presidente de la República para crear una empresa pública dedicada a lograr la inclusión digital efectiva de “todos los mexicanos”. Lo ideal es que la nueva empresa pública cuente con la participación accionaria masiva de los usuarios, lo que permitiría democratizar la propiedad, allegarse de capital (escaso en las arcas públicas) y crear nuevos mecanismos sociales y privados de funcionamiento para empresas comunitarias y privadas de telecomunicaciones.

La creación de una empresa pública de internet de banda ancha (4G) y de transmisión de voz y datos de alta velocidad (telefonía celular) para zonas excluidas, de ninguna manera revierte lo logrado en la Reforma en Telecomunicaciones del 2013 y la presencia de empresas privadas en el mercado mexicano. Más bien resuelve una falla de mercado porque crea la forma de llegar a lugares donde no es rentable para las empresas dar servicios y cobertura; y rectifica, parcialmente, una falla de negociaciones del anterior gobierno. La Red Compartida creada con la Reforma en Telecomunicaciones del 2013 no llegará a todos los territorios del país, mucho menos a los territorios marginados y empobrecidos donde viven campesinos, indígenas y comunidades de origen de la migración.

La Reforma en Telecomunicaciones creó “La Red Compartida” operada por ALTÁN-REDES, con la participación de múltiples empresas privadas como accionistas y como operadoras. El capital para la expansión de la Red Compartida es de dos tipos: inversionistas privados y créditos de nuestra banca de desarrollo. Entre los inversionistas privados hay una amplia variedad de Fondos de inversión, afores, fondos de pensiones nacionales internacionales y organismos multilaterales, dedicadas a proporcionar servicios de internet y de telefonía celular para lograr en el 2024 la inclusión digital del 92.5% de los mexicanos en base al Censo General de Vivienda de 2010, es decir, de 103.3 millones de Mexicanos. Una falla estructural del Contrato firmado con empresas agrupadas en ALTÁN es que habla de porcentaje de población atendida y no de porcentaje de territorios del país. Porque no es rentable para los inversores privados dar servicio en comunidades dispersas, con dificultades de acceso (presencia de montañas y escasez de caminos exigen mayores inversiones). Por eso cuando el Presidente López Obrador dice que no hay más de 20% del territorio con cobertura tiene razón, pero resulta que ese 20% incluye a las grandes y medianas ciudades del país donde se concentrará el 92.5% de la población mexicana, con datos al 2010.

Sólo que el mandato y compromiso de la Red Compartida mantendrá la exclusión de los más pobres y marginados. Porque en el 2024, cuando acabe su contrato, los mexicanos seremos no 110 millones sino 130 millones. Al menos 28 millones seguirán excluidos de los servicios de telefonía e internet. Y eso incluye las 215,000 localidades donde vive la población beneficiaria de los subsidios y apoyos sociales del nuevo gobierno. Así que previsiblemente, en el 2024, cuando se cumplan los compromisos de la Red Compartida, una gran mayoría de territorios marginados, indígenas y zonas de origen de la migración mantendrán la exclusión digital.

La decisión de crear una Empresa Pública de telecomunicaciones evita la exclusión que para el 2024 seguirán sufriendo las comunidades pobres de México. Y no espera a que se compruebe esta exclusión, da una solución de inclusión desde ahora, con lo cual evita que la brecha digital se agigante y permite construir una solución con repercusiones en la inclusión financiera, en la salud, educación y múltiples otros impactos económicos de desarrollo.

La Reforma Constitucional del 2013 permite la creación de Empresas Comunitarias de Telecomunicaciones, que serían beneficiarias de concesiones especiales del espectro radioeléctrico. Estas son formas privadas de participación y organización de comunidades; algunos ejemplos emblemáticos que ya existen como Talea de Castro, y Guelatao (en Oaxaca), Zongolica (Veracruz) y Huamuxtitlán (Gro.) pueden ser la base mejorable y masificable de nuevas formas de participación de la sociedad en zonas de difícil atención en inclusión digital. Porque lograr la calidad del servicio no es fácil, la experiencia muestra que no basta con postes, cables y tecnologías; la amplia diversidad de contextos, nos ha mostrado que aún donde se cree que ya existe una cobertura actual, la calidad del servicio dista mucho de ser una solución de inclusión digital.

Abrir el espacio a la participación de particulares organizados en empresas sociales comunitarias, bajo la subsidiaridad del Estado sería una inteligente solución de inclusión digital, que reduce costos, incluye problemáticas no detectadas, amplía la vigilancia y calidad de los servicios por su funcionamiento en red. Porque para que esta empresa tenga éxito, iniciar con un verdadero diagnóstico de la inclusión digital permitiría priorizar áreas de mayor necesidad y viabilidad, como la bancarización de remesas en comunidades de origen.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.