Masificar la inclusión financiera por medio de tarjetas bancarias, sucursales del Banco Bienestar y expansión de las Fintech parece ser la apuesta del gobierno federal en su próximo anuncio sobre el tema. Muy acorde con la tendencia mundial de reducir el dinero líquido para pasar al dinero digital. En estas estrategias, las mujeres rurales pasarán de ser excluidas a ser discriminadas. Básicamente porque las zonas marginadas tienen masiva exclusión digital, las operaciones financieras requieren de un teléfono móvil o una computadora cuyo costo es inaccesible para mujeres pobres, y requieren de un ecosistema de pagos electrónicos, también inexistente en zonas rurales.
En las últimas dos décadas, las mujeres rurales han sido objeto de políticas y programas de inclusión financiera superficial sin permanencia estructural. En las microfinanzas son apreciadas "por ser buenas pagadoras", pero nadie habla del sobreendeudamiento que sufren y de cómo son usadas y coaccionadas para mantener en uso créditos de consumo con tasas usureras y cortos plazos; en los programas públicos se les han repartido tarjetas bancarias para hacerles llegar las transferencias sociales del gobierno (Prospera hasta el 2018 y 18 programas de subsidios desde enero del 2019), aparentando que dar una tarjeta bancaria significa inclusión financiera. Los 6.6 millones de cuentas de ahorro para mujeres Prospera abiertas por Bansefi en el sexenio anterior, sirvieron para que el gobierno obtuviera un premio en la ONU, pero menos del 6% de esas cuentas para tuvieron movimientos efectivos.
En la práctica, esta forma de pago tan apreciada ahora en el gobierno de la 4T: pagos "directos" a los beneficiarios sin intermediarios políticos, amplía la desigualdad entre campo y ciudad, y entre mujeres y hombres. Esto es así porque las Tarjetas bancarias tienen el "dinero atrapado" en el sistema bancario tradicional y sus medios de pago, del cual dos tercios de los municipios rurales están excluidos. Dada la inexistencia de inclusión digital en zonas rurales y la ausencia de un "ecosistema" de pagos electrónicos rurales, recibir una tarjeta bancaria ha convertido la demanda de efectivo en el principal servicio financiero en la actualidad. Las beneficiarias de transferencias públicas deben viajar a ciudades cercanas, lo que implica altos costos de transacción (entre 150 y 250 pesos por transporte, más 4-6 horas de tiempo) para obtener dinero líquido.
Con el cambio de gobierno, se diseñaron un gran número de programas de transferencias sociales. Un análisis de sólo 12 programas de apoyos de la 4T, en los que participan 18.4 millones de beneficiarios, muestra que éstos recibieron 63.7 millones de pagos en 2019 a través de Banco del Bienestar, Banco Azteca, Bancomer y Banorte donde el gobierno pagó comisiones de $60 pesos por cada transferencia con un costo aproximado de 4 mil millones de pesos. Este fenómeno de "tarjetización" de los apoyos gubernamentales ha convertido la demanda de acceso a dinero líquido como la principal demanda de servicios financieros. Algo que la banca social basada en sucursales con atención directa a socios y clientes sabe dar, pero no está incluida en la lista de pagadores de subsidios. La inclusión financiera efectiva participando sociedades de ahorro y préstamo, basada en instituciones e infraestructura bancaria puede cubrir con eficacia la demanda de los más vulnerables.
Justo por esta situación, el Estado puede y debe intervenir para construir "piso parejo" en la inclusión financiera para el desarrollo y detenerse a preguntar por las causas de la desigualdad económica. La inclusión financiera tradicional (con instituciones y sucursales) es importante justo porque logra impactos estructurales en las economías locales a favor de territorios, comunidades pobres y de mujeres rurales, por su enfoque a los clientes más que a los medios (tarjetas, celulares). Las barreras para que las mujeres tengan acceso a servicios financieros diversos, constantes y de precio accesible son múltiples, pero la más elemental es la ausencia de infraestructura financiera. Luego hay que observar las cifras de inclusión financiera de la CNBV (2018), de la ENIF 2018 y del Global Findex (2017) y analizar lo que nos muestran: Las mujeres tienen menos cuentas bancarias, menos acceso a instituciones formales, usan menos internet para pagar cuentas, ahorran menos para apuntalar negocios, tienen menos cuentas de ahorro para el retiro, menos pensiones, menos seguros (vida, patrimonio, salud, autos), ahorran menos número de veces y menos cantidades que los hombres. Pero usan más las tarjetas de crédito departamentales que tarjetas de crédito bancarias (otro servicio financiero que "atrapa" a las mujeres). En suma, son más vulnerables. En toda esta descripción podemos reconocer causas estructurales: menos acceso a empleos formales, menos seguridad social y menos posesión de activos. El corolario es que tienen acceso a crédito de consumo y menos a créditos de negocios. No es un problema de tasas de interés, es de créditos adaptados, de financiamiento a largo plazo para construir activos. Las mujeres no pueden salir de las trampas de pobreza si se les sigue tratando con servicios marginales.
No obstante, las tendencias descritas, los claroscuros en dos servicios, el ahorro y el crédito de vivienda, muestran que no todo está definido en las posibilidades y estrategias de las mujeres. Un análisis de los servicios de ahorro en banca comercial, banca de desarrollo y sector ahorro y crédito popular muestra resultados contradictorios, las mujeres ahorran más en depósitos a plazo, menos en depósitos a la vista, están más vinculadas a tarjetas de débito y toman más créditos de vivienda sin hipotecas, mientras los hombres son mayoritarios en los créditos de vivienda con hipotecas, esto último explicable por su vinculación a empleos formales con ingresos regulares.
El ahorro es el servicio financiero donde las mujeres han encontrado una vía de salida para construir activos familiares (vivienda) y personales (inversiones). Dos puntualizaciones importantes para buscar una inclusión financiera con enfoque de género. Las transferencias electrónicas con su núcleo de negocio " comisiones por por transaccionalidad" amenazan a ampliar más las brechas de desigualdad que a construir igualdad financiera.
Si bien es necesario avanzar en los medios de pago electrónicos, también vale reflexionar ¿Por qué Suecia, la nación donde el dinero electrónico es masivo y sólo 6% de las transacciones se hacen con dinero líquido dio marcha atrás y aprobó hace unas semanas una ley que obliga a los bancos a dar servicios con dinero líquido? La base de esta decisión fue el reconocimiento a las desigualdades que acrecentó el uso de dinero electrónico.