De pagos sociales, abusos bancarios e inclusión financiera ¿y el interés público?
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De pagos sociales, abusos bancarios e inclusión financiera ¿y el interés público?

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De pagos sociales, abusos bancarios e inclusión financiera ¿y el interés público?

24/03/2020

Como todos deberíamos saber, operar servicios bancarios es una actividad de interés público y orden social por eso la regulación del Estado. Es una actividad tan básica para el desarrollo como la electricidad, la telefonía, los caminos o el agua potable. Sin embargo, en los servicios bancarios el interés público ha perdido tangibilidad frente al lucro y el exceso (neo)liberal de poner los medios de pago bajo el control del oligopolio bancario.

Las crecientes evidencias de abusos en los cobros, comisiones y malos servicios de la banca, aunadas a su insuficiente cobertura para atender a los beneficiarios de subvenciones gubernamentales, exige revisar la necesidad de construir soluciones eficientes, masificables y de bajo costo o sin costo.

La pobreza y la creciente desigualdad en México tienen como soporte la exclusión digital y financiera de la mayoría de la población y de territorios. Cerca de 70 millones de mexicanos carecen de una cuenta bancaria que los vincule a la economía formal y a los medios de pago electrónicos. Dos terceras partes de los municipios y cerca de 180 mil localidades rurales carecen de oficinas bancarias y de señal de celular, ni pensar en la banda ancha o en el uso de computadoras. Generar en estas condiciones soluciones viables de inclusión financiera y digital es un gran desafío que exige una intervención de Estado y la participación de TODOS los actores y la interoperatividad de las infraestructuras y superestructuras de medios de pagos actuales.

En 2018, al anunciar el Gobierno de la 4a Transformación su decisión de pagar los apoyos públicos en forma directa, con tarjetas bancarias, sin intermediarios políticos, abrió una luz de esperanza porque con una buena estrategia esa acción podría impulsar en paralelo una verdadera inclusión financiera y digital en la base de la pirámide. Lamentablemente, la solución de tarjetas solo ha beneficiado al oligopolio bancario, empezando por Banco Azteca y terminando con una atrasada y elefantesca idea de concreto: las 13 mil sucursales del banco Bienestar, que en su primer etapa serán de sólo 2,700 sucursales.

Quince meses después, saltan las evidencias de la mala solución: el oligopolio no ha podido dar un servicio básico de calidad y menos de bajo costo a la población vulnerable que recibe los pagos sociales. No sólo eso, ha aprovechado para hacer negocios sin inversiones: por un lado cobra al Gobierno comisiones de entre $60 y $50 pesos por cada uno de los cerca de 130 millones de pagos sociales que realiza al año; y por el otro, cobra a los beneficiarios comisiones por servicios que no cuestan como la consulta de saldos o por no mantener un saldo mínimo en tarjetas; o por un servicio que ya le pagó el gobierno: retiro de dinero en cajeros. Múltiples evidencias del pésimo estado de cajeros automáticos descompuestos y sin dinero en ciudades rurales dan cuenta de su compromiso con los pagos sociales.

Aunque el Presidente de la República (Lunes 23, mañanera) ha explicado que se trata de un problema de cobertura y un problema de educación. Debemos corregir la afirmación, No solo es cobertura y educación. Estamos ante un problema de oligopolios y de inexistencia de mercados financieros. Cierto que los bancos no tienen suficientes sucursales y los beneficiarios no saben usar las tarjetas, pero la solución no está sólo en la educación financiera o en construir sucursales del banco del bienestar, sino en la generación de una amplia red de pagos sociales electrónicos, que unifique y haga interoperables en diferentes niveles las actuales redes de pagos de Telecom, Corresponsales bancarios, Tiendas Diconsa, Banco del Bienestar, Sector ahorro y crédito popular (Cooperativas, Sofincos y Sofipos), sucursales bancarias y cajeros automáticos. Todo lo cual nos llevaría a un sistema de más de 100 mil puntos de pago en todo el país. Y en esta gran red de pagos un porcentaje de pagos reservado al Estado para garantizar con pagos sociales el “interés público” y los derechos humanos de la población vulnerable.

En paralelo a esta red de tecnologías e instituciones con sus puntos de pago -una solución blanda, flexible y de rápido crecimiento- se requieren dos acciones estratégicas adicionales: un sistema de transporte de dinero para abastecer al sector de banca de desarrollo - telecom – tiendas Diconsa, y sector ahorro y crédito popular. Así como un Plan de Cobertura digital y su expansión a zonas prioritarias, claro, preciso y detallado donde ALTAN y CFE/Internet para todos, coordine acciones con el sector ahorro y crédito popular y el banco del bienestar para ampliar la frontera de la inclusión financiera.

Interconectar y hacer interoperables las transferencias electrónicas, las tarjetas y los celulares en esta gran red de pagos sociales, requiere acciones de diversos tipos: regulación específica, adecuar las reglas de PLD a contexto y tamaño de instituciones, diseño de un tipo funcional y básico de corresponsales bancarios, la creación de Cámara de compensación del ahorro y crédito popular, entre otros.

Los beneficiarios de pagos sociales (pensiones, becas y otros programas) son población altamente vulnerable sin inclusión financiera previa y que recibe pagos sociales electrónicos en zonas donde el dinero electrónico no funciona. De inmediato, el gobierno debe establecer su margen de acción a favor del interés social: cuota/comisión básica única pagada por el Estado, sin permitir cargos o comisiones adicionales de ningún tipo a los beneficiarios.

Por cierto, el establecimiento de un margen pagos sociales reservado al Estado en la Banca no es gratuito hay que recordar que los mexicanos ya pagamos con creces y seguimos pagando cada año, con una enorme subvención gubernamental, los servicios bancarios. Recordemos que el FOBAPROA convirtió en deuda pública la deuda privada bancaria y los bancos no han retribuido nada al “interés público”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.