Combate a la corrupción a través de la integridad empresarial
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Combate a la corrupción a través de la integridad empresarial

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Combate a la corrupción a través de la integridad empresarial

17/03/2020

Por Alejandro Torres Rivero, Vice-presidente del Comité de Ética y Cumplimiento del IMEF. att53@cornell.edu

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2017 disponible en: http:/www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ se estima que el costo que generaron los hechos de corrupción en México en el año de 2017 fue de 7,200 millones de pesos.

Según un estudio llevado a cabo por Transparencia Mexicana, para 2010, los hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso a pagos por sobornos. Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, disponible en: https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf

El Estado Mexicano pretende combatir frontalmente el fenómeno de la corrupción, a través del Sistema Nacional Anticorrupción que implicó reformas constitucionales y legislativas en la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El 29 de enero de 2020 fue celebrada la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, misma que establece la agenda para el País en materia de combate a la corrupción y que es el resultado de un ejercicio de sistematización y análisis de información obtenida a través de mecanismos de consulta pública nacional.

En dicha Política, se delimitaron los rasgos que caracterizan el problema de corrupción en nuestro País, el primero consistente en la ilegalidad, mismo que se encuentra relacionado con la prevalencia de altos niveles de impunidad por hechos de corrupción y con la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder.

El segundo rasgo es la identificación de la corrupción con una norma social reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurrencia de hechos de este tipo, aunque contravengan el marco legal vigente, lo anterior relacionado con la distorsión de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad y el débil involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en el control de la corrupción.

Se articulan 4 ejes estratégicos:

1. Combatir la corrupción y la impunidad.

2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder.

3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y Sociedad.

4.Involucrar a la sociedad en el control de la corrupción.

Las principales prioridades relacionadas con los 4 ejes antes descritos consisten en:

1. Combatir la corrupción e impunidad mediante la generación, adecuación y fortalecimiento de los procesos de denuncia, investigación, substanciación y sanción.

2. Disminuir los márgenes de arbitrariedad en el servicio público mediante mecanismos de profesionalización, integridad, control interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales clave al interior de las administraciones públicas.

3. Fortalecer los puntos de contacto, espacios de interacción y esquemas de relación entre los entes públicos y distintos sectores de la sociedad, a fin de contener sus riesgos de corrupción.

4. Incentivar el involucramiento de diversos sectores de la sociedad en el control de la corrupción mediante el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de participación, vigilancia y autorregulación social, bajo un enfoque incluyente y con perspectiva de género.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) cuenta con el comité de Ética, Cumplimiento y Responsabilidad Social en el que se abordan estos temas periódicamente y se apoya a los ejecutivos de finanzas para que se capaciten adecuadamente en la ética empresarial.

Asimismo, el IMEF participa activamente en distintos foros difundiendo la cultura ética, el debido cumplimiento normativo y la responsabilidad social de las empresas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.