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Un Estado que no otorgue privilegios

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Un Estado que no otorgue privilegios

17/10/2018
Actualización 18/10/2018 - 15:17

México tiene dos problemas fundamentales: crecer y desarrollarse. El primero implica cambiar del motor externo a uno interno del crecimiento; el segundo lleva al abatimiento de privilegios y al enfrentamiento con grupos de beneficiarios poderosos.

Impulsar el crecimiento con énfasis en las fuerzas internas del país es necesario porque la economía global no logra superar los efectos de la recesión de hace 10 años, además de que ahora está cada vez más entrampada en hostilidades comerciales originadas por Donald Trump y, fundamentalmente, porque el tratado entre México, Canadá y EUA le restará competitividad a nuestras exportaciones; lo advertimos en este espacio y lo confirma la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El cambio de eje del crecimiento al mercado interno es necesario, sobre todo, para corregir políticas que, al convertir al TLCAN en el principal motor del crecimiento, propiciaron la ruptura de cadenas de valor internas, mayor dependencia del exterior y afectaciones al empleo y el desarrollo social.

El vuelco al crecimiento sobre bases internas que propone el futuro gobierno requiere mayores inversiones de capital, tanto público como privado, incluyendo inversiones extranjeras.

Implica un presupuesto público más holgado del realmente disponible, y estímulos diferentes a las inversiones empresariales.

Tenemos una hacienda pública de recursos escasos, grandes fugas por corrupción y malas asignaciones; son fallas que aun corrigiéndose, generarían un estimado máximo de 500 mil millones de pesos, que no alcanzarían para que las inversiones públicas jalen a las privadas y además, afronten los rezagos en desarrollo social.

Se tendrían que elevar los ingresos públicos, no mediante alza de impuestos sino de una estrategia tributaria que empiece por sacar a México de la lista del Banco Mundial que nos coloca entre los seis países más afectados por la evasión fiscal de empresas multinacionales.

La Universidad de las Américas de Puebla calculó, a solicitud del SAT, que la evasión del ISR de las empresas en México fue de 29.97 por ciento de sus obligaciones en 2015, lo que representa 1.09 del PIB.

Una fuga aun mayor de recursos son los ingresos netos por intereses y comisiones que cobra el sistema bancario, que en 2017 sumó 526,246.3 mdp, equivalente a 2.4 por ciento del PIB. Tan descomunales ingresos bancarios se explican porque, según la Auditoría Superior de la Federación, sus márgenes de intermediación entre tasas de interés activas y pasivas son, en promedio, cinco veces mayores (8 por ciento) que lo que los mismos bancos tienen en Colombia o Chile (1.6 por ciento).

Regular las tasas y comisiones bancarias es una responsabilidad que el Banco de México no puede seguir eludiendo.

Entre evasión fiscal y costo de los servicios de la banca extranjera, México pierde cada año alrededor de 3 por ciento de su PIB, recursos que deben rescatarse para activar el crecimiento y desarrollo del país.

Entrarle al rescate legal de esos recursos lleva a una confrontación con las élites económicas, políticas y las culturales disfrazadas de liberales.

La confianza (¿ingenuidad?) del próximo gobierno es que podrá establecer con esas élites una reflexión sobre problemas nacionales para entender que al país y a ellas les conviene una política de Estado que no otorgue privilegios, pero que sí proteja la propiedad, la legalidad y que fomente las inversiones generando infraestructura, regulaciones y subsidiando actividades estratégicas.

De la construcción de un proyecto común de Estado y de nación, depende la eficacia de la cuarta transformación.

http://estadoysociedad.com

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.