Ildefonso Guajardo lo anunció con gran satisfacción: la séptima ronda de negociación del TLC cerró los capítulos sobre buenas prácticas regulatorias y medidas sanitarias y fitosanitarias (uso de plaguicidas), además del de transparencia; no explicó que los dos primeros capítulos significan que nuestro territorio agrícola tendrá que abrirse irrestrictamente al uso de semillas transgénicas, pasando por encima de la prohibición judicial vigente.
Estados Unidos es el primer usuario de cultivos genéticamente modificados en el mundo; 43% de sus 160 millones de hectáreas agrícolas se cultivan con esas semillas. Sus "buenas prácticas regulatorias" no ponen ninguna restricción a la siembra de esos materiales ni al uso de los plaguicidas a los que son resistentes.
El uso de algunas de esas semillas está prohibido en varios países europeos, en Rusia y el del maíz lo está en México.
Sobre los transgénicos hay muchos mitos, como el de que elevan los rendimientos y el precio de venta cada tonelada que se cosecha; falso, lo que distingue al maíz genéticamente modificado es su resistencia al glifosato, plaguicida que produce la propia Monsanto, propietaria de la patente del maíz transgénico (el control biológico de plagas es lo ambientalmente recomendable, y es eficiente).
La "modernización" del TLCAN con tales capítulos ya "cerrados" llevarían a la desaparición (por contaminación) de más de cincuenta variedades de maíces nativos; la pérdida de diversidad biológica afecta los derechos humanos de los pueblos originarios a la alimentación, a la salud y a su cultura.
Por esos motivos, 53 personas, entre las que se cuentan científicos, investigadores, académicos, campesinos, apicultores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas y representantes de organizaciones civiles, han sostenido desde hace 48 meses una demanda en 17 tribunales contra SAGARPA, SEMARNAT, Monsanto, PHI (Pioneer-Dupont), Syngenta y Dow Agrosciences para impedir el uso de maíz transgénico.
Lo que han conseguido corresponde a las evidencias que han ofrecido al poder judicial en apoyo de sus argumentos en defensa de la biodiversidad; hasta el día de hoy, están suspendidos los permisos pre comerciales y comerciales, mientras que los permisos con finalidad científica están sujetos a vigilancia y control judicial.
Nada de eso está permitido por las "buenas prácticas regulatorias" en sanidad vegetal y medidas fitosanitarias.
Lo que sí permiten esas prácticas en Estados Unidos es quebrar las resistencias de mercados a los organismos genéticamente modificados a como dé lugar; así podría interpretarse lo que reveló Rubén Chávez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, quien dice que del contenido de cada bolsa de semilla de maíz tradicional que México importa, hasta 5 por ciento es de semillas transgénicas, "ya que en ese País está permitido empacarlo así".
Hay maíces transgénicos sembrados en Chihuahua por una violación al derecho de nuestro país a determinar sus mejores prácticas agrícolas.