Se ha repetido que el bajo crecimiento económico que habrá en este 2019 se debe a desconfianza empresarial en el gobierno recién inaugurado, pero si se revisan las cuentas de los últimos sexenios se verá que en todos ha habido un inicio de muy bajo crecimiento del PIB.
Es decir, no hay nada extraordinario en el ritmo de la marcha económica que lleva el gobierno de López Obrador; lo que genera controversias, incertidumbre en las clases medias y afecta intereses económicos y políticos de grupos poderosos, es el esfuerzo por reconstituir capacidades institucionales elementales, que los gobiernos precedentes dejaron perder.
El paso que lleva el PIB en lo que va de este 2019 es semejante, o mejor, al que tuvieron los tres gobiernos precedentes en su primer año.
En 2001, primer año del gobierno de Vicente Fox, el PIB no creció, cayó 0.4 por ciento; no hay mucho qué presumir del promedio anual del sexenio, que fue de 2.13 por ciento ni en cuanto al poder adquisitivo de los salarios mínimos, que perdieron algo más de 1.05 por ciento a lo largo de los seis años.
En 2007, primer año de gobierno de Felipe Calderón, el PIB creció 2.2 por ciento, pero cayó a sólo 1.1 por ciento en 2008 y fue negativo en 5.2 por ciento en 2009, caída atribuible a la crisis financiera internacional de ese año. El balance sexenal es de 1.86 por ciento de crecimiento anual promedio, mientras que el poder de compra de los salarios bajó un 0.35 por ciento adicional.
El sexenio de Peña Nieto fue el peor; completó su primer año, 2013, con un modesto 1.3 por ciento de crecimiento, para alcanzar un promedio anual de 2.4 por ciento, a pesar de que elevó la deuda pública de 6.3 billones de pesos en 2012 a alrededor de 11.3 billones al finalizar 2018.
Tan cuantiosa inyección de ahorro externo debió traducirse estímulos a inversiones productivas privadas y en una fuerte inversión pública en infraestructura, pero no fue así; en 2017 ésta había caído a sólo 3 por ciento del PIB, la proporción más baja de los últimos 80 años. El salario recuperó 10.87 por ciento de su poder de compra, para dejarlo en 2018 igual al que tenía 20 años antes.
En pocas palabras, durante los pasados 18 años, 19 con el que está en curso, el crecimiento de las inversiones en México ha sido insuficiente para generar buenos empleos, para elevar la productividad y los salarios, mejorar la competitividad general del país y la participación de nuestra economía en el comercio global.
Pero lo más grave de la situación del país es la crisis institucional que limita en extremo la eficacia del Poder Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo ante espacios territoriales, económicos y sociales en los que operan otros poderes que desafían al del Estado, algunos delincuenciales, otros legales.
La controversia que provoca López Obrador en el intento por elevar las capacidades del Estado para gobernar, hay que distinguir dos planos de reacciones; el de las clases medias, amantes del orden, la estabilidad y de poder prever su futuro, a las que los cambios les crean, como es lógico, incertidumbres y temores, acentuados por la rijosidad de López Obrador.
Otro plano es el de intereses afectados, que pagan granjas de bots para que circulen entre las clases medias y encuentran en gente como Vicente Fox, a quienes están empeñados en hacer aparecer la situación mexicana como la de Venezuela; si el gobierno no se parece, ellos se encargan de ir organizado manifestaciones con pobres argumentos que lo hagan parecer.