López Obrador tuvo una semana muy difícil, tanto por dos problemas que se le presentaron, como por el manejo equivocado que hizo de ellos.
No hay manera de evitar que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública al grupo que edita la revista Nexos parezca una censura, ni es posible justificar que Pío López Obrador recibiera dinero en efectivo para las campañas de Morena sin enterar al INE.
Por partes. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, determinó que la revista Nexos había presentado un documento falso al contratar con el IMSS un anuncio por 74 mil pesos en 2018, razón por la que procedió, sin más averiguación, a inhabilitarla durante dos años y multarla con casi un millón de pesos.
Sabiendo la secretaria Sandoval de las constantes descalificaciones de López Obrador a los "intelectuales orgánicos" (Gramsci), y en particular al director del grupo Nexos, Héctor Aguilar Camín, tuvo que haber consultado el caso antes de decretar las sanciones y, así las cosas, el presidente cometió el error político de autorizarlo.
En política la forma es fondo, las apariencias impactan, muchas veces más que la sustancia, y en este caso es evidente que se castiga con severidad desmedida a una revista que es opositora de la 4T.
A un político consumado como López Obrador no pudo pasarle por alto el significado que tendría -que ya tiene- la sanción a Nexos. Censura, es el acuerdo unánime, pero no parece importarle, él sigue en la línea de polarización con sus opositores.
La clase media ilustrada es una de sus predilectas para confrontarse, y no tanto por diferencias de criterio intelectual sino porque el presidente considera que investigadores y académicos convertidos en periodistas han vivido en condiciones de privilegio, y que con su silencio fueron cómplices del neoliberalismo; él -lo ha repetido- no está dispuesto a complacerlos con dinero y por eso los tiene en su contra.
Está bien que no pague por dormir conciencias, pero no que arremeta con todo el poder -no sólo el de la palabra- para castigar a quien critica sus acciones. Peor que a Nexos podía haberle ido a los centros de investigación y de promoción cultural dependientes del gobierno federal, a los que en mayo se ordenó reducirles 75 por ciento de su presupuesto para materiales, suministros y servicios generales, aunque en junio, Conacyt y la secretaría de Hacienda revirtieron la medida.
Son golpes a sectores de la clase media, de la que López Obrador se ha ganado su franca oposición sin detenerse a considerar el papel mediador que profesionistas, empleados, burócratas, artistas, investigadores, académicos y periodistas juegan entre los sectores poderosos y la mayoría ciudadana.
Otra respuesta inaceptable es la que ofreció el presidente ante la divulgación de videos en los que su hermano Pio recibía casi tres millones de pesos en 2015 de manos de David León; su difusión fue un severo golpe al efecto que se ha buscado resaltar de la inculpación de Emilio Lozoya a legisladores de oposición, que habrían vendido su voto a favor de la reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto.
Tan negativa e ilegal una acción como la otra; la de Pío por haber recibido dinero para fortalecer al partido Morena sin, al parecer, enterar al INE, autoridad que por ley debe fiscalizar cualquier entrada de dinero a los partidos; se habría cometido un delito electoral.
El Presidente, aunque dijo que se investigará el hecho, lo justificó considerando las contribuciones del pueblo como minúsculas, insignificantes en comparación al saqueo que habrían hecho Lozoya y asociados.
Si la medida del ilícito la da el monto de dinero involucrado, la falta administrativa de Nexos no ameritaría más sanción que una simple llamada de atención.