Varios argumentos dividen a México entre quienes piensan que López Obrador trata de rescatar al país y quienes consideran que lo está hundiendo; uno destacado es el lento crecimiento de las inversiones y del empleo, al que hay que estar preparados para escucharlo por un buen tiempo.
Todo apunta a que el PIB mexicano seguirá creciendo a paso menor por tres razones, según la perspectiva del Fondo Monetario Internacional: una es la importancia de México como centro manufacturero, por lo que la desaceleración de la industria y del comercio en el mundo, y particularmente las tensiones comerciales con Estados Unidos, tendrán efectos desfavorables.
Otra causa, interna, es la elevada incertidumbre política o lo que es lo mismo, la desconfianza de los inversionistas en las reformas que trata de implantar el gobierno; a pesar de que varias pudieran verse con simpatía, para muchos, la cancelación del NAIM y la 'consulta popular' con que se legitimó, sembró certezas en que no hay que confiar en AMLO. Los costos para el gobierno, para los empresarios y para la población en general, son menores oportunidades e ingresos.
La tercera causa que subraya el FMI por la que nuestro PIB seguirá a paso más lento que el de otros mercados 'emergentes', es que "en el caso de México las tasas de interés son tan elevadas", que los costos de pedir prestado encarecen las inversiones, les restan competitividad y mercados.
Las tasas de interés -y las comisiones bancarias- no subieron con el gobierno de AMLO; son elevadas en cualquier comparación internacional, desde que se extranjerizó la banca durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
El gobierno de AMLO les ha ofrecido a los bancos no molestarlos con regulaciones que les son aplicables conforme a la ley, pero el lunes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que dirige Alejandra Palacios, presentó el Dictamen de Presunta Responsabilidad de BBVA-Bancomer, Santander, Citibanamex, JPMorgan, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank en ponerse de acuerdo para elevar las tasas de valores gubernamentales, principalmente Cetes, en las subastas primarias a cargo del Banco de México.
La presunción es que entre los ocho bancos hubo probables arreglos "con el objeto o efecto de manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de estos". Si no se comercializaba el total de la oferta subastada, o tardaba en hacerlo, el efecto logrado sería una mayor tasa a pagar por esos títulos de deuda pública.
La columna de Darío Celis del lunes en El Financiero fue la primera en dar cuenta del dictamen de la Cofece, en el que se estima que de probarse el ilícito, habrían estado involucrados valores por más de 6.2 billones de pesos anuales, dinero por el que se habrían pagado intereses mayores a los que hubiera fijado el libre juego de oferta y demanda.
De comprobarse que así actuaron los bancos entre 2008 y 2018, la Cofece podría emitir multas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales en México de esos bancos, según Bloomberg.
Merecidísimo se lo tendrían. Lo que estuvo mal de la Cofece fue el momento elegido para presentar el dictamen, porque evitó que fuera desechada la demanda de dos fondos estadounidenses, presentada en marzo de 2018, contra esos mismos bancos en México, incluido el HSBC, acusados de manipular las tasas que les pagaron. Por falta de elementos, un juez de Nueva York hubiera desechado la demanda antes de dos meses.
Ahora, los bancos acusados tendrán que defenderse en dos frentes; tienen hasta el 23 de enero de 2020 para presentar sus alegatos a la Cofece y al mismo tiempo, serán obligados en Estados Unidos a abrir los libros financieros de sus operaciones mexicanas.
La tendrán difícil, y quizás hasta declararán en público que de concretarse las millonarias multas dejarían o bajarían sus operaciones en México; ese no es el riesgo, ya que aquí obtienen los rendimientos más altos de sus operaciones mundiales (en 2016, BBVA Bancomer aportó 46 por ciento de las ganancias de BBVA, que opera en más de 30 países).
El riesgo es que encuentren la manera de que los usuarios de sus servicios terminemos pagando las sanciones que se les lleguen a imponer, y que el gobierno se los permita por incapacidad para oponerse.