La agenda política que va planteando Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, requiere para su realización de mayor autoridad normativa y fuerza institucional, que son propias del Estado moderno, pero que están en extremo erosionadas en el caso mexicano.
Hace mucho tiempo que en México no hay idea compartida de progreso, ni credibilidad en el Estado de derecho, ni identificación social con las autoridades que nos representan.
Restaurar esas cualidades del poder público, por la vía pacífica, implica negociar con poderosos intereses particulares, lo que hace ineludible una etapa de confrontación como la que hemos vivido, a lo que no estamos acostumbrados y que algunos ven como afanes autoritarios del futuro gobierno.
En el empeño de cada parte por imponer sus intereses, lo que destaca es la demostración de fuerza, no la justicia ni la razón, y de todos depende que sea un periodo meramente transitorio.
Varios asuntos, pero sobre todo el del NAIM en Texcoco, lo convirtieron AMLO y el sector empresarial en tema para medir fuerzas de poder y fijar los términos de la relación entre sí.
Así fue, es de suponer, porque además hay razones técnicas y de costos contra el proyecto, que aún no se explican con claridad convincente. La opción de Santa Lucía también despierta dudas que no se han aclarado.
Al final del día, el suceso no fue tan amenazador como algunos advirtieron, ni para los mercados financieros ni para los propios constructores, más interesados éstos en lo que vislumbran como un sexenio de grandes obras de infraestructura en la que están legítimamente interesados en participar.
Pero más allá del caso aeroportuario, está la negociación mediante la cual, el poder político que representa el próximo gobierno persigue el predominio sobre el poder de las grandes corporaciones económicas.
Tal negociación es ineludible para el gobierno entrante porque el neoliberalismo llevó la liberalidad económica al extremo, a costa de atribuciones y recursos fundamentales del Estado para atender el bienestar social; eso ocurrió lo mismo en Alemania que en España y en toda América Latina, y muy a fondo en nuestro país.
El neoliberalismo apuesta a un progreso basado en méritos personales para enriquecerse; combate cualquier compromiso social del Estado que no sea el que favorezca el individualismo, y desconfía de la democracia efectiva, exigente.
Otra cosa es la tradición liberal, producto de la Ilustración, que acepta la primacía del Estado bajo el control del derecho y de la democracia que garanticen la propiedad, las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación, y que todo ciudadano tenga iguales derechos.
A ese ideal juarista, con otros elementos como el énfasis en la atención a grupos vulnerables y la democracia participativa, es a lo que, me parece a mí, apunta el discurso de López Obrador.
Su desafío es traducirlo en un cambio efectivo de orientación y prioridades de gobierno y sobre todo, de posición de élites económicas y políticas que han ejercido su influencia en las políticas del Estado durante mucho tiempo. Veremos.