El propósito democrático de nuestra Constitución pretendía “el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”; la letra del artículo 3ro no ha cambiado, pero sí el espíritu de su carácter popular que vinculaba la democracia al bien común, a la superación de la vida colectiva.
La libertad democrática se vincula ahora a la suerte individual, al mérito de cada uno para dejar que sean los mercados los que otorguen lo que cada quien merezca; no importa que en esa lógica, unos acrecienten sus ventajas iniciales -empresas e individuos- a costa de los menos favorecidos, lo mismo empresas que trabajadores.
Son dos visiones de la democracia, diametralmente distintas, la que defienden los organizadores de la llamada ‘marcha en defensa de la democracia’ del domingo pasado, y los morenistas.
Lorenzo Córdova, orador de la segunda marcha convocada por las organizaciones sin partido de Claudio X, acusó que: “No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades (el INE y el Tribunal Electoral)” que conducen las elecciones.
La defensa de la democracia que hace la oposición al gobierno se identifica con el sistema electoral -el INE básicamente- aunque no la hace extensiva al desacreditado sistema de partidos, sin los cuales no hay elecciones posibles en la democracia representativa.
Y vaya que habría mucho que mejorar entre los partidos políticos, más preocupados por la defensa de sus intereses y prerrogativas que por vincularse a los sectores de la sociedad que dicen representar.
“Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado”, sentenció Córdova. Se refiere, por supuesto, a las instituciones y organigramas por los que transcurren los procesos electorales, sistema que ha sido diseñado por los mismos partidos que lo han cooptado y corrompido.
Los valores democráticos -libertad e igualdad- que se defienden en marchas como la del domingo, sirven en abstracto como vocabulario, como ideología o como estrategia económica, pero no como modo de una vida política que se basara en la identificación del discurso de los partidos, y de los poderes Legislativo y Ejecutivo, con las necesidades y expectativas de los sectores sociales que debían representar.
Es imposible estar en contra o a favor de la libertad en abstracto, aunque los intentos de sectores interesados en ponerla en práctica suelen generar fricciones políticas.
Democracia e igualdad no siempre estuvieron asociadas; fue apenas a partir de la Revolución francesa que se les relacionó con la igualdad de los electores y la equivalencia de sus votos.
Desde entonces, democracia significa igualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, igualdad entre las clases sociales, aunque tal encuentro igualador entre desiguales sólo ocurra en el tiempo y el acto de sufragar.
Reducida al proceso electoral, la libertad e igualdad ‘democrática’ deja a la mayoría de la población sin posibilidades de influencia real en la vida y toma de decisiones políticas; lo que en la realidad vemos es que la influencia efectiva crece con la escala de riqueza que se posea, hasta llegar a la cúspide en la que la política se ejerce, ya no como democracia sino como una plutocracia.
Si la 4T es consecuente, tendría que seguir abriendo cauces a una democracia más participativa de la ciudadanía en decisiones y acciones como la solución colectiva de problemas locales, las consultas populares bien pensadas y organizadas, hasta el plebiscito de las políticas públicas.