La democracia no solo está hecha de elecciones; también le es sustancial un gobierno eficaz y que lo sea, depende de los objetivos y metas que se proponga alcanzar, de que tales propósitos le sean significativos a la mayoría de la población como soluciones a sus expectativas, y depende también de que el gobierno electo tenga valores y principios éticos y cuente con el conocimiento y la experiencia de equipo necesarias para afrontar con éxito los desafíos visibles y ocultos del proyecto.
En nuestro adelantadísimo juego para elegir a quien sucederá a López Obrador, se va perfilando una extraña coincidencia en destacar la pobreza y las desigualdades como el gran desafío de nuestro tiempo; hay un reconocimiento bastante claro entre todos los aspirantes, no sólo morenistas sino también los del Frente Amplio, de que en la pobreza y en la desigualdad interactúan los mayores problemas del país.
Durante el primer debate entre los aspirantes de la oposición, Enrique de la Madrid reconoció que “la principal causa de la violencia es la pobreza, la desigualdad y la falta de movilidad social”; Xóchitl Gálvez se lanzó diciendo que “no podemos continuar teniendo empresarios ricos con trabajadores pobres”, lo que debe haber hecho que los panistas levantaran las cejas. Beatriz Paredes criticó que si bien “hubo alternancia en el 2000, no se transformó el sistema político (…) y los priistas volvieron al poder en el 2018 y tampoco lo transformaron”.
Cualquiera de esos señalamientos han estado en la voz de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y en general, de los morenistas. Extraña coincidencia que los adopte la oposición, si se tiene presente el origen e historia del PAN; la ductilidad del priismo, al que debemos los 40 años de neoliberalismo, y lo que hicieron los ‘chuchos’ con el PRD.
Aunque sea en apariencia, todos los que aspiran a gobernarnos dejan ver una perspectiva del desarrollo social y económico en el que parece entenderse que más que el mero crecimiento económico, importa la dirección que le den las políticas de gobierno a la economía.
La dirección que los gobiernos del PRI y del PAN le dieron al crecimiento se basó, durante las últimas décadas, en el abuso del poder del mercado y de los grandes intereses particulares, lo que excluyó a la inmensa mayoría del empresariado y de los trabajadores en todo el país.
Impulsar el crecimiento en una dirección socialmente incluyente implica actualizar el pacto social para darle relevancia a diversos objetivos, como sería, en primer lugar, mejorar la distribución del ingreso (no confundir con comunismo).
Hay varias vías para hacerlo, pero la más eficaz es permitir que los trabajadores tengan una participación equitativa -correspondiente a su aportación a la creación de valor- en la distribución de la riqueza, que se consigue favoreciendo la revalorización de los salarios.
Hay que reconocer que durante los gobiernos del PRI y del PAN, las remuneraciones salariales venían deprimiéndose en poder adquisitivo desde 1982, y que esa tendencia se invirtió a partir de 2020, para alcanzar una revalorización del salario mínimo que a mayo de este 2023 iba en 43.6 por ciento en términos reales, según la OCDE.
Los aumentos salariales justos no sólo no inhiben las inversiones productivas, como han sostenido algunos, sino que está demostrado en otras experiencias que favorecen, además de la inclusión social y la reducción de la pobreza, el crecimiento del mercado interno, de la productividad y de la economía en su conjunto de manera sostenible en el largo plazo.
Más que la reiteración propagandística de dichos y ocurrencias en tono populachero que buscan construir una identidad con la mayoría del electorado, lo que le es verdaderamente significativo es lo que haya recibido en oportunidades de empleo, mejoras salariales y apoyos directos como soluciones a sus carencias.