El presidente López Obrador dijo en la mañanera del lunes que en 2024 “vamos a crecer en promedio 5 por ciento anual, de modo que va a haber crecimiento económico”. Lo que tendría que explicar el presidente es qué nueva política económica o estrategia de crecimiento e inversiones está pensando poner en marcha para revertir las tendencias desde hace lustros, y alcanzar ese resultado.
Dijo el presidente en la misma mañanera que el principal factor para alcanzar ese 5 por ciento dentro de tres años es la inversión extranjera, que seguirá creciendo gracias al TMEC; el segundo factor sería el turismo y hasta el tercer lugar, cuando debería estar en el primero, coloca a la inversión pública y privada nacional.
No hay mejor política económica frente al exterior, que la de fomento eficaz a las inversiones con recursos propios, tanto públicas como privadas; sin embargo, hace décadas que México está atrapado en tasas de baja inversión nacional, bajo crecimiento (en relación con el resto del mundo) y aumento de la deuda externa, la cual fue subiendo de 19.9 por cientodel PIB en el año 2000 hasta 53.6 por ciento en 2020 (año base 2013).
Bajas inversiones y crecimiento, y rápido endeudamiento, es el peor de los mundos posibles pero hasta hoy nada indica que esa tríada viciosa tienda a modificarse.
De hecho, los indicadores de inversión y consumo vienen en declinación constante desde el rebote que tuvieron en junio de 2020, hasta caer en terreno negativo varias veces durante este primer semestre y más hondo en junio pasado (-1.8 por ciento y -0.8 por ciento respectivamente).
Si no se hace algo diferente para mejorar sustancialmente la asignación de recursos en favor de inversiones, públicas y privadas, la tasa del PIB pospandemia podría quedar tan lejos del 5 por ciento que no alcance ni el 2.5 por ciento de 2018. Y eso significa mayor pobreza, desempleo, desigualdades y desesperanza que se traduce en encono social e inestabilidad política.
La ‘austeridad republicana’ y la composición del gasto público tendrían que revisar sus prioridades, tanto de gasto social como de infraestructura física y productiva; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, subrayó durante la entrega ayer del Paquete Económico para 2022 que “propone una cifra histórica de gasto de inversión de casi un billón de pesos, ya que el gasto en inversión pública como porcentaje del PIB se situará en 3.1 puntos porcentuales del PIB”.
Bien, pero como explica Antonio Reyes en un ensayo propositivo publicado en la Revista de Economía Mexicana, anuario UNAM 2021, una mayor inversión pública no asegura mayor crecimiento, sólo mayor endeudamiento, si no va acompañada de una estrategia que haga del financiamiento la palanca estratégica del crecimiento y el desarrollo que ha faltado desde hace lustros.
No es mayor gasto sino mayor financiamiento lo que hace posible más desarrollo y crecimiento, pero el bajo crecimiento económico de los últimos 20 años ha provocado que los recursos presupuestales del país sean ahora insuficientes para las necesidades de financiamiento de la economía y del propio presupuesto público.
El primer cambio de estrategia en favor del crecimiento es reconocer esa insuficiencia de recursos; la propuesta medular de Reyes es que a través de la banca de desarrollo se obtengan fondos de fomento internacionales, a tasas muy bajas o inclusive negativas, los cuales adquirieron relevancia a raíz de la crisis financiera de 2008 y aún mayor tras la pandemia por Covid-19 y la emergencia del cambio climático.
Esos fondos -Banco Mundial, FMI- están disponibles desde hace lustros, y más recientes los del Banco de Desarrollo de América del Norte que se recapitalizó a la firma del TMEC; ni los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, ni el de Enrique Peña Nieto recurrieron a ellos, y siguieron endeudando al país a pesar del bajo crecimiento económico.
El colmo fue durante el gobierno de Calderón, cuando se exportaban alrededor de 1.6 millones de barriles diarios de petróleo (hoy se exportan 1.1 millones) a precios que llegaron a tocar los cien dólares el barril (actualmente alrededor de 40 dólares), a pesar de lo cual se hizo crecer la deuda de 17.9 por ciento en 2007 a 33.8 por ciento del PIB en 2012, periodo en que el PIB sólo creció 1.9 por ciento anual promedio. Si no se aplicaron al crecimiento de inversiones, ¿a dónde fueron a parar esos recursos?
Tampoco el gobierno de López Obrador ha hecho de la banca de desarrollo la vía de acceso recursos internacionales que permitirían cubrir los faltantes indispensables para el financiamiento de inversiones productivas en el país; es una palanca necesaria, aunque quizá no suficiente.