No fue un simple acto de intimidación ni una advertencia, sino un ataque feroz y decidido a acabar con la vida del funcionario capitalino, que muestra fehacientemente la determinación del crimen organizado de continuar expandiéndose y ocupar territorios a sangre y fuego sin ninguna restricción.
El ataque cometido en el mismísimo corazón estratégico del país, sede de los poderes federales, da fe de la capacidad que han adquirido las bandas criminales a lo largo de la última década no sólo en poder de fuego, sino en organización, contingente y libertad de acción, gracias a la fragilidad institucional que se ha visto ahondada por la improvisación, la ineficiencia y abierta corrupción de autoridades en los tres órdenes de gobierno.
Las estrategias implementadas en el pasado para contener la creciente actividad criminal y los índices de violencia asociados, no han logrado desmantelar las estructuras delictivas ni reducir sensiblemente su capacidad operativa, pese a los espectaculares anuncios de operaciones y capturas "sin disparar un solo tiro" de prominentes delincuentes, con que en el pasado reciente se informaban los resultados, con lujo y exceso de cobertura mediática.
Antes bien, todo indica que, a lo largo de los últimos lustros, se han generado incentivos perversos que han favorecido el robustecimiento de la actividad delictiva, la fragmentación de grupos criminales y el surgimiento de nuevas células con liderazgos propios, mismas que en poco tiempo adquieren relevancia y poder real, extendiendo sus tentáculos en una intrincada red que se vuelve más compleja día a día, con zonas geográficas bajo su control casi absoluto, que torna más difícil, en consecuencia, su contención por parte del Estado.
Cotidianamente nos enteramos del surgimiento de un nuevo grupo, de un nuevo cabecilla debutante como "el más buscado", un lugarteniente importante o jefe del sicariato local, aún sin la espectacularidad y cobertura de antes, pero que dejan la indubitable evidencia de la extensión criminal en todo el territorio, con acciones cada vez más violentas y macabras.
Queda claro, dados los acontecimientos recientes y los procesos que se siguen en el extranjero contra personajes relevantes de la vida pública de México, que el infierno que hoy padecemos no hubiera sido posible sin la connivencia y la tolerancia de actores determinantes que generaron las condiciones y empedraron el camino para llegar a la situación en que ahora nos encontramos y cuya solución se percibe cada vez más incierta.
El potente ataque armado del viernes pasado al secretario de Seguridad de la Ciudad de México constituye un abierto desafío al gobierno actual que se suma a otros incidentes no menos trascendentes que evidencian la arrogante postura de las bandas criminales que lo mismo se movilizan con gran agilidad para impedir la captura de algún líder, obligando a su liberación, que se exhiben en redes sociales con mensajes retadores haciendo gala de su indumentaria y armamento o se despliegan en labores humanitarias para el reparto de ayuda a la población.
Todo ello produce, obligadamente, un círculo vicioso que sólo beneficia la expansión y el fortalecimiento de los cárteles delictivos y tiene como incentivo y motor principal la impunidad frente a la elevada rentabilidad de su actividad ilegal.
El reto ha pasado de la amenaza propagandística a los hechos, el ataque del viernes en pleno Paseo de la Reforma no debe ser menospreciado. El riesgo es real y la posibilidad de réplica elevada.
Todo dependerá de la contundencia de la respuesta institucional y las acciones que en consecuencia se adopten en el futuro inmediato.