Protección presidencial
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Protección presidencial

06/05/2019

Tal parece que la política de los abrazos sin balazos para reducir la violencia en el país, lejos de persuadir a los criminales ha generado incentivos a los grupos delictivos que se siguen apoderando de territorios diversos, con amplia libertad de acción y con una actitud arrogante y retadora hacia el Estado, que alcanza las más altas esferas del poder público.

El Presidente ha reiterado que no piensa reforzar su seguridad, pese a las amenazas de que ha sido objeto, y el Senado ha avalado reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para la desaparición definitiva del Estado Mayor Presidencial. También en la Cámara alta se avaló la iniciativa de crear un cuerpo de seguridad encargado específicamente de la protección presidencial y su entorno, que sea más discreto pero eficaz, y que estaría incorporado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La propuesta, que ya ha sido turnada a la Cámara de Diputados, de ser aprobada, en esencia, revivirá la figura del EMP, aun cuando se encuadre en la orgánica de una dependencia de carácter civil, toda vez que la tarea que deberá asumir, por su propia naturaleza, obligará a retomar procedimientos y protocolos empleados y probados por el desaparecido organismo, aun cuando sus dimensiones sean más reducidas.

La protección presidencial, en cualquier país, es considerada un asunto de Estado y los equipos, ostensibles o discretos, están integrados por profesionales con alta calificación técnica y de confiabilidad, sometidos a una rigurosa selección y evaluación permanente.

No se pueden obviar las amenazas ni ser indiferentes a la crítica situación de violencia con el enseñoramiento de que hacen gala los grupos delictivos, como tampoco se debe experimentar con un asunto tan delicado como la seguridad del Estado, sólo por cuestiones de imagen pública, recurriendo al ensayo y error, mucho menos cuando se tienen disponibles los calificados recursos humanos y materiales necesarios para ese cometido.

No es desdeñable la propuesta de crear un cuerpo eficaz que cuide al Presidente, aunque se le cambie de nombre.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.