Lavar dinero
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Lavar dinero

07/10/2019

Es evidente el protagonismo que ha adquirido una entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la escena política, como ariete de la campaña anticorrupción emprendida por el gobierno de la cuarta república. Nos referimos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La razón de esa preponderancia radica en la naturaleza de los delitos que se investigan por corrupción, trátese del caso Lozoya, Robles, Collado, Ancira o Medina. Todos tienen un componente eminentemente financiero, la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), mejor conocida como blanqueo de capitales o lavado de dinero. Y es que las transferencias y triangulaciones de los miles de millones de que se habla, dentro del sistema financiero, configuran patrones que evidencian su ilegalidad.

Las actividades de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tienen un carácter internacional, integran sistemas en los que participan un gran número de autoridades y entes privados, que juegan un rol cada vez más activo en la prevención, detección y persecución de este tipo de delitos.

El objeto esencial de la corrupción es económico, trátese de la “estafa maestra” o del asunto Odebrecht y los ingentes recursos involucrados deben ser ocultados y limpiados dentro del sistema financiero. El blanqueo de activos es una actividad eminentemente técnica, requiere conocimientos financieros, legales y tecnológicos especializados. De igual manera, su detección, la identificación de los propietarios reales de los recursos, su origen y destino, obligan a contar con instituciones, sistemas y personal experto, además de una red de información y coordinación con ligas internacionales, dado el alcance global de las operaciones.

Los procesos que están en curso y los que sin duda seguirán registrándose, dadas las políticas actuales, tendrán como eje prioritario, para ser eficaces, el seguimiento del dinero, tarea fundamental de la UIF. De sus aciertos o fallas dependerá, en gran medida, la resolución de los casos. La sanción de los inculpados o la disculpa de la autoridad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.