En 2006, Felipe Calderón declaró la guerra al narco enviando tropas del Ejército a Michoacán para terminar con la violencia generada por grupos del crimen organizado, lo que fue interpretado como el manotazo legitimador del recién estrenado gobierno. En 2019, la administración de la cuarta república ha decretado la paz; sin embargo, las hostilidades no cesan y los balazos no ceden ante los abrazos.
La estrategia de pacificación mediante el amor y la reconciliación, más que redimir, parece haber alentado a los grupos criminales, que se exhiben abiertamente retando y amenazando a la autoridad con grandes contingentes armados, libertad de acción y una voluminosa capacidad de fuego, ejecutando operaciones coordinadas, simultáneas y con soporte propagandístico, pretendiendo el control territorial en diversas regiones.
Ante esta realidad, puede antojarse cándido el suponer que la amorosa estrategia logrará revivir los más nobles sentimientos de sanguinarios personajes, cuya motivación fundamental es el lucro a cualquier costo.
No queda claro cómo se combatirá el delito y la violencia, que ya han alcanzado niveles de confrontación bélica, y de qué manera ejercerá el Estado su facultad e indeclinable obligación de mantener el orden y la seguridad, conditio sine qua non para la estabilidad, el progreso y la convivencia armónica en comunidad. ¿De qué manera se frenará el nocivo impacto que la extorsión, el secuestro y la amenaza cotidiana contra la vida, la libertad y la propiedad tienen en el ciudadano y la actividad productiva?
Si se desea la pax y la restauración de la convivencia pacífica, el Estado debe hacer uso racional de las herramientas de que ha sido dotado por la ciudadana, ciertamente sin exceso, pero con firmeza. El recurso más destacado es sin duda la ley, que el Estado todo está obligado a cumplir y hacer cumplir, y para ello cuenta con bastos recursos coactivos legítimos, incluida la fuerza.
Abdicar sin más a la facultad explícita puede ahondar el deterioro y conducir a la derrota.