No cabe duda que el problema más apremiante que enfrentan sociedad y gobierno en México es el de la violencia cotidiana, que día con día suma a la estadística cantidades escalofriantes de cadáveres y desaparecidos en prácticamente la totalidad del territorio.
Aparentemente nos hemos ido adormeciendo en esa realidad, una especie de somnolencia colectiva, en la que hablar de miles de muertos es parecido a los indicadores de la bolsa de valores, pero la verdad es que la preocupación y la presión social van en aumento y exigen acciones claras para revertir las macabras tendencias.
Tomando como foco la descomposición interna de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, desde finales del siglo pasado se produjo una serie de reformas con la visión de lograr la transformación y saneamiento de diversos organismos, cuya contaminación y colusión con el ambiente criminal era evidente. Se dio rienda así a una corriente que introdujo, con cada administración, sus propias estructuras, tan efímeras como su respectivo mandato, sin lograr, en la mayoría de los casos, revertir los niveles de corrupción que justificaban el cambio.
Sólo a manera de ejemplo, se desapareció la Dirección Federal de Seguridad y se creó el Cisen en 1989, ahora nuevamente transformado en Centro Nacional de Inteligencia. Por aquella época se creó el Centro Nacional de Combate a las Drogas (Cendro), Más tarde el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), hoy Cenapi. Con Ernesto Zedillo se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), transformada después en Policía Federal e incorporada a la Secretaría de Seguridad Pública con Fox y Calderón, y hoy fusionada a la Guardia Nacional. Con Fox se desapareció la Policía Judicial Federal (PJF) y se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI), luego transformada en Policía Federal Ministerial.
Con Peña se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se redujo a una Comisión Nacional de Seguridad que hoy integra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que se ha alojado a la GN.
En 2008, paralelo a la famosa y frustrada "guerra contra el narcotráfico", se dio paso a la reforma del sistema de justicia penal, con un costo altísimo para generar la infraestructura requerida que, debiendo quedar consolidado en 2016, aún adolece de múltiples vacíos y ha dado lugar a serios cuestionamientos sobre su eficacia, particularmente por el señalamiento de que facilita la evasión de los inculpados a la aplicación de la justicia, la llamada puerta giratoria.
Ahora, de nueva cuenta se pone sobre la mesa otra reforma al reformado y, aún no cuajado, sistema de justicia penal, que ha levantado desde su insinuación airadas observaciones, incluso a nivel legislativo.
La pasión reformadora de las instancias de seguridad y procuración de justicia se ha convertido en la práctica común de las administraciones para tratar de paliar los efectos incrementales de la criminalidad, pero, ante la evidencia, queda claro que los resultados han sido adversos, ni se ha contenido la violencia, ni se ha terminado la corrupción.
La práctica del ensayo-error en la función históricamente más fundamental del Estado, la continua mutación, la metamorfosis sistémica de los organismos destinados a lograr y mantener un ambiente de tranquilidad y seguridad entre la sociedad, es un factor determinante en su falta de eficacia y en el consecuente incremento en los índices de violencia y el fracaso de las caprichosas estrategias para su contención.
Las organizaciones de seguridad más afamadas en el mundo, son instituciones con una tradición añeja, que les ha permitido evolucionar y consolidarse paulatinamente a través del tiempo, hasta alcanzar niveles de excelencia en la protección de sus sociedades.
Crear y reinventar estructuras, muchas veces sólo en su denominación, sin visión clara de futuro y sin maduración, puede resultar, como señala la experiencia mexicana, en continuos y recurrentes fracasos.