El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para la creación de la Guardia Nacional (GN) ha dejado insatisfecho al jefe del Ejecutivo, y este ha pedido al Senado restablecer las modificaciones hechas al texto aprobado.
La discusión y el embrollo parten de la interpretación distorsionada del origen y naturaleza de dicho cuerpo que, históricamente, puede considerarse heredado de las coloniales milicias provinciales, luego milicias cívicas, contingentes armados integrados por leva o voluntarios como fuerzas complementarias del ejército profesional y, por tanto, de carácter castrense no permanente.
El término Guardia Nacional se incorpora en nuestra Constitución asimilándolo, como otros conceptos, del naciente sistema federal de EU, y refuerza su concepción de pueblo en armas ante las invasiones norteamericana y francesa, con una connotación de fuerza militar complementaria y no permanente.
Con la expedición de la Ley del Servicio Militar, en 1940, se declara obligatorio el servicio de las armas, que prestan hasta hoy por un año en el Ejército, Fuerza Aérea o la Armada quienes tienen 18 años, luego se pasa a la primera reserva hasta los 30 años, hasta los 40 en la segunda reserva, y hasta los 45 en la GN. Esta fuerza tiene un carácter militar, disciplinado y complementario de los institutos armados profesionales.
Otro factor relevante que ha conducido a la confusión y ha sido público en las declaraciones que justifican su creación, es el de atribuirles similitudes con la Gendarmería francesa, la Guardia Civil española o los Carabineros italianos, cuerpos que, si bien son disciplinados, tienen un carácter policial, orientados a la protección ciudadana e incluso a la investigación y procuración de justicia.
La pretensión de transferir contingentes castrenses para la integración de la GN parecía una salida fácil en el afán transformador de la 4T, pero su concepción y diseño enfrentan, de origen, serios obstáculos para su funcionamiento eficaz. No sería ocioso repensar el tema.